La obsesión de Trump con el fraude

Ya en el 2016 ordenó una investigación, que se cerró ante la falta de pruebas


THE ATLANTIC

¿Por qué no echar un vistazo? ¿Qué daño podría hacer? Este es el argumento que esgrimen el presidente Donald Trump y sus aliados para investigar las denuncias de fraude electoral en las elecciones del 2020. Desafortunadamente para ellos, la posibilidad de demostrarlo es muy débil. Durante años los republicanos han estado promoviendo denuncias de fraude masivo en las votaciones para cambiar el resultado de las elecciones, y durante el mismo tiempo, han fracasado en presentar pruebas de ello.

Esta semana The New York Times publicó un artículo en el que sus periodistas contactaron con los principales funcionarios electorales de los 50 estados para preguntarles si contaban con alguna prueba de fraude. Ningún estado reportó problemas y solo uno no dio respuesta: Texas, donde el vicegobernador, Dan Patrick, ofreció una recompensa de un millón de dólares por presentar una evidencia de fraude. Nadie ofrece grandes premios en efectivo si ya cuenta con pruebas. Este tipo de recompensas son además un fuerte incentivo para las denuncias falsas. 

Pero la mayor razón para el escepticismo proviene del propio Trump. Tras su victoria en el 2016, el nuevo presidente nombró una comisión para estudiar el supuesto fraude. A pesar de su gran esfuerzo, la comisión se derrumbó menos de un año después sin presentar ninguna evidencia, ni ningún otro tipo de hallazgo de irregularidad.

A pesar de haber ganado las elecciones del 2016, Trump insistió en que se le había negado la victoria en el voto popular debido a la existencia de entre 3 y 5 millones de votantes inmigrantes no autorizados. No proporcionó ninguna prueba para probar su acusación, porque no la había. Como han señalado los expertos electorales desde que han circulado las denuncias: es imposible ejecutar un fraude a esa escala. Cada año se dan casos individuales de personas que votan ilegalmente, pero llenar las urnas de esta manera requeriría un esfuerzo masivo y muy notorio. 

Comisión especial

No obstante, Trump anunció en mayo del 2017 que convocaría una comisión para estudiar el fraude electoral. El cabecilla de la comisión era el vicepresidente, Mike Pence, una señal de la importancia que tenía para Trump, pero su líder efectivo fue Kris Kobach, un republicano que por entonces era el secretario de Estado de Kansas. Kobach ha sido una de las voces más implacables en alegar fraude electoral, y fue considerado para ocupar puestos en la Administración Trump, aunque no salió elegido. Varios de los demás miembros de la comisión eran también defensores entusiastas del reclamo de fraude electoral, y había además un par de representantes demócratas.

La comisión tuvo problemas casi de inmediato. Sin una evidencia creíble de fraude en la mano para comenzar a demostrar la conclusión a la que tanto Trump como Kobach claramente ya habían llegado, tenía que revelar algo, y hacerlo rápido. En junio, Kobach envió una carta a los estados solicitando todos los datos de votantes disponibles públicamente, incluidos nombres, direcciones, historial de votaciones, afiliación a partidos, condenas por delitos graves y los últimos cuatro dígitos de los números de la Seguridad Social.

Los funcionarios estatales y expertos en seguridad, incluidos muchos republicanos, reaccionaron con horror. Afirmaron que Kobach no había ofrecido una forma segura de enviar la información y que, en cualquier caso, no había ninguna razón para creer que probaría un fraude con esos datos. Además, costaría dinero a los contribuyentes, podría poner en peligro la privacidad y, en algunos casos, violaría la ley estatal. Los funcionarios electorales también se quejaron de que la comisión estaba intimidando a los votantes para que cancelaran sus propios registros, que eran válidos.

Estas respuestas reflejaron una realidad incómoda para Kobach: aunque muchos funcionarios electorales republicanos apoyan leyes de votación más estrictas, incluyendo los requisitos de identificación mediante fotografía, también se toman en serio el hecho de que su trabajo es llevar adelante las elecciones sin que haya problemas y prevenir el fraude, y no estaban contentos con la implicación de que estaban fallando en su cometido.

Sin la mayoría de los datos que había solicitado y sin ninguna otra evidencia de fraude, la comisión estaba estancada. En septiembre, celebró una reunión en Nuevo Hampshire para investigar allí la denuncia de Trump, pero Bill Gardner, secretario de Estado de ese territorio y miembro de la comisión, refutó las acusaciones. En octubre, dos de los representantes demócratas se quejaron de que habían sido excluidos de las deliberaciones y de las reuniones. Uno de ellos, el secretario de Estado de Maine, Matthew Dunlap, interpuso una demanda para exigir el acceso al material de la comisión y la ganó.

En enero, el grupo finalmente se disolvió sin revelar hallazgo alguno. La Administración Trump dijo que no entregaría los materiales a Dunlap porque la comisión ya no existía, pero un juez no estuvo de acuerdo y en agosto del 2018 Dunlap dio a conocer los documentos que había obtenido. Estos informes demostraron que en sus meses de trabajo, la comisión no había descubierto ninguna prueba de irregularidades.

Irregularidades, alguna, pero a escala muy pequeña 

El fraude electoral existe, pero por lo general solo a escala del votante individual. Ha habido casos de fraude organizado, en Chicago en 1982 y en Brooklyn en 1984, pero las cifras no fueron lo suficientemente grandes como para inclinar una elección presidencial, y desde entonces las leyes en estas jurisdicciones se han endurecido. El supuesto caso más famoso de fraude sistemático, el de Chicago en 1960 otorgando la victoria a John F. Kennedy, tampoco está probado.

Cada vez que Trump denuncia un fraude, lo importante que hay que recordar es que ya ha buscado pruebas de dichas irregularidades y ha salido con las manos vacías. En el 2016, además, tenía una denuncia específica. Esta vez no ha ofrecido ningún número, solo fanfarronería. Los defensores del fraude electoral a veces sostienen que la ausencia de evidencia es una evidencia de la ausencia. Puede que sea una forma inteligente de filosofar, pero es una forma impracticable de evaluar los resultados de las elecciones.

Al negarse a reconocer la victoria de Joe Biden, el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, afirmó que Trump «está al cien por cien en su derecho de investigar las denuncias de irregularidades y sopesar sus opciones legales». Eso es cierto hasta cierto punto, pero la cuestión no es si tiene derecho a hacerlo. La cuestión es si es prudente hacerlo y si es probable que prevalezca. La respuesta a ambas preguntas es no.

Sin embargo, los republicanos no se han rendido. El vicegobernador de Pensilvania, el demócrata John Fetterman, respondió a la recompensa de un millón de dólares del republicano Dan Patrick ofreciendo un caso documentado de un hombre de Keystone State que solicitó una papeleta de voto ausente para su madre fallecida, para poder emitir un voto adicional. Fetterman pidió su recompensa en tarjetas de regalo para Sheetz, una popular cadena regional de tiendas. El hombre acusado en el caso de fraude de Pensilvania está registrado como republicano. Al momento de escribir estas líneas, Dan Patrick no había entregado las tarjetas de regalo todavía. La búsqueda continúa.

© 2020 The Atlantic. Distribuido por Tribune Content. Traducción, Lorena Maya.

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