Trump bloquea la transición y utiliza a la Fiscalía para investigar el escrutinio

«Va a haber una transición suave a una segunda administración Trump». Si alguien tenía alguna duda sobre si el presidente estadounidense iba a aceptar, en los próximos días, el resultado de las urnas, el secretario de Estado, Mike Pompeo, la despejó este martes de un plumazo.

Donald Trump está bloqueando el traspaso de poderes, ante una creciente impaciencia en el Partido Demócrata, y este martes volvió a denunciar el presunto fraude electoral en las redes sociales.

«Observen el masivo abuso en el recuento de votos», pidió, en la red social Twitter, destacando el trabajo de su equipo legal en la decena de procesos ya iniciados contra el recuento en los estados clave. «Estamos haciendo grandes progresos. Los resultados empezarán a llegar la próxima semana. Haremos a América grande otra vez», añadió, en la misma red social.

Todos los focos se centran ahora en la Administración de Servicios Generales (GSA, por sus siglas en inglés), una agencia gubernamental encargada de que se inicie el proceso de traspaso de poderes.

La GSA comienza sus labores cuando decide que hay un ganador «aparentemente exitoso» en las elecciones, pero esa decisión todavía no ha sido tomada. La directora del organismo, Emily Murphy, designada por Donald Trump, se ha negado, por ahora, a considerar a Biden como ganador en las urnas.

El equipo del político demócrata había decidido dar unos días a Trump para asimilar el resultado de las elecciones, según la CNN, pero la paciencia parece haberse agotado ante los indicios que apuntan a que el presidente no va a dar su brazo a torcer en el corto plazo.

Iniciativas legales

La campaña de Biden, y numerosos juristas demócratas, trabajan ahora en iniciativas legales para forzar la decisión de la GSA, que es básica para que el equipo de transición del político demócrata acceda a información confidencial y sobre el estado de los distintos ministerios, así como para la recepción de fondos por valor de unos seis millones de euros. Tampoco puede Biden solicitar ayuda al Departamento de Estado para comunicarse con líderes extranjeros hasta no ser considerado por la GSA como vencedor de las elecciones, ni pedir informes sobre los posibles miembros del nuevo Gobierno.

La batalla legal se juega, además, en varios frentes. Este martes se supo también que el fiscal general de EE.UU., William Barr, había ordenado a los fiscales federales que investigasen las acusaciones sobre el recuento, sembrando dudas sobre su independencia. Hasta ahora, esas investigaciones eran tradicionalmente llevadas a cabo por las autoridades de cada estado.

Barr puntualizó que solo deberían investigarse aquellas acusaciones que sean claramente creíbles y afecten a los resultados, sin respaldar la posición del presidente sobre el fraude.

Su decisión, sin embargo, provocó, minutos después, la dimisión del director de delitos electorales del Departamento de Justicia, Richard Pilger. Se marchó esgrimiendo que la orden emitida por Barr «deroga una norma de 40 años de no interferencia en investigaciones de fraude electoral durante el período anterior al de la certificación de las elecciones».

Cada día que pasa son más los políticos del Partido Republicano que dan su apoyo a los litigios iniciados por el equipo de Trump, e incluso a sus acusaciones de fraude electoral.

 Esos apoyos contrastan con la decisión del expresidente George W. Bush y también del ex candidato presidencial Mitt Romney, de felicitar a Biden como presidente electo. No son los únicos republicanos en asumir la derrota. Este martes se supo que Cindy McCain, esposa del ex candidato presidencial republicano John McCain, quien fue muy crítico con Trump hasta su muerte, en el 2018, incluso va a formar parte del equipo de transición de Biden.

El Tribunal Supremo insinúa que salvará la reforma sanitaria Obamacare

Los demócratas recibieron este martes una buena noticia de una institución considerada enemiga. El Tribunal Supremo de EE.UU. dio indicios de que mantendrá en pie al menos la mayor parte de la reforma sanitaria del 2010, conocida como Obamacare, durante una audiencia sobre los intentos de tumbarla de la Administración Trump, informa Efe. El Supremo ya salvó en dos ocasiones —en el 2012 y el 2015— la pieza más importante del legado del expresidente Barack Obama, una ley sanitaria que ha dado cobertura a más de 20 millones de estadounidenses y que los republicanos llevan una década tratando de derogar.

La corte que escuchó los argumentos del nuevo desafío a Obamacare es la más conservadora que ha examinado nunca esa ley, pues cuenta con tres jueces nuevos, todos ellos nominados por Trump, incluida la magistrada recién incorporada Amy Coney Barrett. Ese factor preocupa a los demócratas, pero la audiencia les dio razones para el optimismo, porque al menos cinco de los nueve jueces del Supremo dieron señales de que no están a favor de derogar el grueso de la ley, incluidos dos miembros de la mayoría conservadora del tribunal: John Roberts y Brett Kavanaugh.

Biden reivindica el Obamacare

«No es nuestro trabajo tumbar la reforma sanitaria cuando el Congreso no lo hizo», dijo Roberts, el presidente del Supremo, en la audiencia por teleconferencia, que duró unas dos horas.

La decisión no se espera hasta la primera mitad del 2021, ya bajo el mandato del presidente electo, Joe Biden, quien este martes prometió defender y ampliar el alcance de Obamacare, mientras que Trump ha tratado sin éxito de derogar esa ley sanitaria durante sus casi cuatro años en el poder. Lo máximo que consiguió Trump fue que el Congreso, controlado por los republicanos, debilitara en el 2017 uno de los pilares de la ley —la obligación de todos los estadounidenses de contratar un seguro médico—, al dejar en cero la multa económica que existía para aquellos que no lo hicieran. Texas, junto a otros 17 estados republicanos y dos individuos, pidieron al Supremo revisar de nuevo la legalidad de Obamacare.