Alberto Fernández busca una posición propia frente a Maduro
14 oct 2020 . Actualizado a las 22:20 h.La controversia dentro del Gobierno de Alberto Fernández volvió a hacer eclosión este martes, cuando Argentina se negó a firmar un duro documento del Grupo de Lima en respaldo a la presidencia interina de Juan Guaidó en Venezuela y en el que pide investigar las relaciones del régimen de Nicolás Maduro con el terrorismo internacional.
El Grupo de Lima, organismo creado hace dos años para tratar la crisis venezolana al margen de la Organización de Estados Americanos (que exige un voto casi imposible de dos tercios de sus países miembros para cualquier decisión), publicó un comunicado de siete puntos en el que emplaza a la Corte Penal Internacional a revisar el informe de la Misión de Verificación de Hechos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU relativo a la supuesta comisión de crímenes de lesa humanidad por parte del régimen de Maduro.
«El Grupo de Lima emitió una declaración en el día de la fecha. Argentina no suscribe esta declaración. No condice con la posición de nuestro país», dijo el Ministerio de Exteriores argentino en un comunicado. La representación de Buenos Aires ni siquiera participó en la reunión virtual y, en su comunicado, la Cancillería del país austral consideró que la posición del Grupo de Lima «abre la puerta a una intervención extrarregional» en Venezuela.
La declaración del Grupo fue suscrita por Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela (la representación de la presidencia interina de Guaidó). El Grupo de Lima llegó a tener 17 miembros, pero México lo abandonó tras el triunfo electoral de Andrés López Obrador y la posición de Argentina, sin abandonarlo, se ha matizado mucho tras el triunfo de Fernández.
Dos semanas de idas y vueltas
La separación de Argentina del comunicado del Grupo de Lima culmina con dos semanas en las que la posición de Fernández ha estado comprometida en relación con Venezuela. Argentina suscribió el informe de la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, en el que se acusa al régimen de Maduro de contumacia en la violación de los derechos humanos.
Sin embargo, pocos días después, cuando el informe se discutió en la OEA, el embajador argentino ante el organismo, Carlos Raimundi, se negó a votar a favor y señaló que Venezuela era una nación sometida a la presión de las sanciones estadounidenses.
Entre dos aguas, Fernández y su canciller, Felipe Solá, se vieron obligados a ratificar que sí reconocían el informe de Bachelet, e incluso Solá señaló que el voto de Raimundi obedecía a una «posición personal», pero negó cualquier posibilidad de remover de su cargo al diplomático.
Fernández está bajo presión del ala más izquierdista de su Gobierno, que le exige respaldar a Maduro; y su posición y la de los miembros más moderados de la coalición, que creen que los derechos humanos no tienen tinte político.