El nuevo plan migratorio de la UE renuncia a las cuotas de acogida

La UE apela a la solidaridad de los socios en situaciones de crisis, pero apuesta por más control fronterizo y devoluciones más rápidas

Inmigrantes hacen cola en el nuevo campamento de la isla griega de Lesbos
Inmigrantes hacen cola en el nuevo campamento de la isla griega de Lesbos

Bruselas / colpisa

La crisis de Moira, los incendios que arrasaron este campo de refugiados griego que afectaron a decenas de miles de personas, provocaron el último episodio sonrojante que la UE parece estar dispuesta a soportar. Después de cinco años con el pacto migratorio de Dublín en vía muerta por, fundamentalmente, la falta de solidaridad de los propios socios, la Comisión Europea ha pisado el acelerador para impulsar un nuevo compromiso de supervisión de entrada y acogida de migrantes que implique a los Veintisiete. ¿Sus pilares? Una vigilancia más extrema en las fronteras exteriores, con refuerzo de sistemas de identificación y cribado para una devolución más rápida; el reparto sin cuotas prefijadas entre los países bajo los principios de «responsabilidad y solidaridad» -voluntario a priori, pero obligatorio en los momentos de mayor tensión-; la colaboración con los territorios ajenos a la UE mediante asociaciones «a medida y mutuamente beneficiosas»; y un papel mucho más activo de la Guardia Europea de Fronteras y Costas, cuyo despliegue está previsto para el 1 de enero del 2021.

«El sistema actual ya no funciona. Y durante los últimos cinco años, la UE no ha podido solucionarlo. Se debe superar el estancamiento actual y estar a la altura», se subraya en el proyecto presentado este miércoles por el Ejecutivo comunitario. No es que suponga un borrón y cuenta nueva, pero sí intenta crear una red mucho más ágil.

Otra cosa es que consiga garantizar la seguridad de los migrantes que buscan protección o una nueva vida, que atenúe la preocupación de los países europeos fronterizos (Grecia, Italia o España) ante picos de flujos migratorios (si hallarán o no la solidaridad de los demás) y si aplacarán los recelos de las capitales que no están en esa primera línea para echar una mano sin cuestionar la capacidad de control de sus socios ni temer por la estabilidad de sus propios sistemas nacionales de asilo, integración o retorno.

«Moria es un duro recordatorio de que se ha agotado el tiempo de cuánto tiempo podemos vivir en una casa a medio construir. Ha llegado el momento de unirnos en torno a una política migratoria europea común», subrayó el comisario responsable de Promoción del Estilo de Vida Europeo, Margaritis Schinas. La nueva propuesta trata, ha añadido, de «proporcionar las piezas que faltan al rompecabezas». 

Identificación

Y esas piezas comienzan a colocarse en el control previo a la entrada. Con la identificación de todas las personas que cruzan las fronteras exteriores de la UE sin permiso o que han sido desembarcadas después de un registro y operación de rescate. Serán controles sanitarios y de seguridad, con toma de huellas dactilares y registro en la base de datos Eurodac.

Después de la selección, se puede canalizar a las personas al procedimiento adecuado, ya sea en la frontera para determinadas categorías de solicitantes o en un procedimiento de asilo normal. También se tomarán decisiones rápidas sobre asilo o retorno. Todo ello requerirá un refuerzo y modernización de la infraestructura digital

El segundo pilar, se refiere a la implicación de los Estados miembros. «Estarán obligados a actuar de forma responsable y solidaria entre sí». Pero esa obligación «sin excepción alguna» solo se exigiría en momentos de tensión, para apoyar a los Estados miembros bajo presión y garantizar que la Unión cumpla con sus obligaciones humanitarias.

La Comisión se reserva la potestad para imponer el reparto 

La Comisión se reserva la potestad para establecer los repartos de migrantes en base a la situación de los Estados miembros y a cómo fluctúen las presiones migratorias. Un «sistema de contribución flexible», se asegura.

Voluntariedad a priori, pero exigencia de «contribuciones más estrictas» en momentos de presión sobre los Estados en primera línea cubriendo un amplio abanico de situaciones, desde el desembarco de personas tras operaciones de búsqueda, y rescate, presión, situaciones de crisis u otras circunstancias específicas. En este sentido, el pacto establece que el reasentamiento es «una forma probada» de brindar protección a los refugiados más vulnerables. La Comisión recomienda así formalizar el régimen ad hoc de aproximadamente 29.500 plazas de reasentamiento que ya están aplicando los Estados miembros y cubrir un período de dos años, 2020-2021. 

Simultáneamente Bruselas promoverá asociaciones «a medida y mutuamente beneficiosas» con terceros países (norte de África, pero también Balcanes Occidentales y Turquía, que alberga a alrededor de 4 millones de migrantes) para abordar el tráfico ilícito de migrantes, mejorar las vías legales de control de entrada de migrantes e implementar los acuerdos de retorno.

Un paquete que incluirá un marco legal más eficaz, un papel más fuerte de la Guardia Europea de Fronteras y Costas, que acudirá como refuerzo donde sea requerida, y un coordinador de retorno de la UE recién nombrado con una red de representantes nacionales para garantizar la coherencia en toda la UE. También propondrá «una gobernanza común para la migración con una mejor planificación estratégica para garantizar que las políticas nacionales y de la UE estén alineadas», y un mejor seguimiento de la gestión de la migración sobre el terreno para mejorar la confianza.

«Se trata de una aproximación pragmática y realista» al fenómeno de la migración, ha subrayado Ursula von der Leyen. En una breve intervención, la presidenta del Ejecutivo comunitario ha insistido en que ha llegado el momento de «afrontar el reto de gestionar la migración de forma conjunta, con el equilibrio adecuado entre solidaridad y responsabilidad».

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