La Justicia de Colombia exige que se garantice la protesta pacífica

Ordena al Gobierno frenar la represión contra los manifestantes


ciudad de méxico / e. la voz

Nuevo choque entre los jueces y el uribismo. La Corte Suprema de Justicia ordenó el martes al Gobierno colombiano que tome 14 medidas para garantizar la protesta pacífica, argumentando que ha existido, y puede seguir existiendo, una «reiterada y constante agresión desproporcionada de la Fuerza Pública» respecto de quienes se manifiestan en las calles del país. El Supremo respondía así a una tutela presentada por 49 ciudadanos. Las órdenes aparecen en un escrito de 171 páginas, elaborado después de que los jueces revisaran actos sucedidos entre el 2005 y el 2019, año de fuertes manifestaciones.

La decisión se produce dos semanas después del estallido de fuertes protestas en Bogotá contra la violencia policial, en las que murieron 14 personas y hubo centenares de heridos -al menos 72 por arma de fuego-, pero el Supremo desvincula el fallo de estas últimas manifestaciones.

Los jueces ordenan al Gobierno de Iván Duque crear, en el plazo de 60 días, una reglamentación que impida la intervención «sistemática, violenta y arbitraria de la Fuerza Pública en protestas», además de las detenciones abusivas, el uso desproporcionado de las armas, los ataques a la libertad de prensa y la estigmatización de quienes se manifiestan.

Disculpas por los abusos

El Supremo reclama, además, la expedición de un acto administrativo que obligue a los funcionarios a ser neutrales ante las protestas, la formación en derechos humanos de los policías, la creación de un estatuto que verifique el uso de la fuerza del Estado y que el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, pida disculpas públicas en un plazo de 48 horas ante los abusos policiales.

El fallo provocó una reunión de urgencia del Ejecutivo ayer. Fue precisamente Holmes Trujillo quien respondió, en nombre del Gobierno, a las órdenes de los jueces. No pidió disculpas y anunció que reclamarán a la Corte Constitucional que revise el fallo del Supremo. «La Fuerza Pública no incurre institucionalmente en excesos y, en los casos a partir del 21 de noviembre del 2019 en los que pudo existir exceso, estos corresponderían a actuaciones individuales de algunos de sus integrantes», apuntó el ministro de Defensa.

La bancada oficialista denunció la politización del Supremo, que puso en prisión preventiva domiciliaria, en agosto, al expresidente Álvaro Uribe, mentor de Duque, por un caso de soborno de testigos. «La sociedad buena y decente tiene que defenderse de jueces y politiqueros populistas», exigió la senadora uribista María Fernanda Cabal. Parte de los legisladores del oficialismo reclamaron una Asamblea Constituyente para reformar la Justicia, tras el fallo contra Uribe.

«La histeria cunde en los medios de comunicación de los más poderosos del país, solo porque la Corte Suprema ha ordenado democracia y libertad. Querían seguir señalando de vándalos a los que exigen dignidad. Querían que los siguieran masacrando», dijo, por su parte, el líder opositor, Gustavo Petro, en un país donde la polarización persiste.

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