Asegura que participó de forma activa en ejecuciones arbitrarias y tortura
16 sep 2020 . Actualizado a las 23:45 h.Sobre Nicolás Maduro pesan numerosas acusaciones sobre violaciones de derechos humanos a las que ahora se ha sumado de forma oficial la más grave, formulada por la ONU. Un contundente y devastador informe de más de 400 páginas de la misión independiente enviada hace un año a Venezuela acusa al presidente y a sus ministros del Interior y Defensa de «crímenes de lesa humanidad» por «las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura» de las que no solo tenían conocimiento sino que participaron activamente para ejecutarlas. La acusación viene directamente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, del que, paradójicamente, Venezuela forma parte desde el 2019.
Según el grupo de investigadores, en el país sudamericano se ha producido una represión sistemática de las fuerzas de seguridad de Venezuela hacia la oposición política y ciudadana, que ha sido respaldada directamente por el Ejecutivo «con ayuda esencial» para acallar las voces que se alzan en su contra. Ya se trate de persecución política, de la ocurrida en el marco de protestas o para delitos comunes, la actuación del Estado venezolano está enmarcada en un patrón que incluye detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de horas, días o incluso semanas; retrasos judiciales; torturas, violencia de género y sexual; y en los casos graves, el asesinato.
El Consejo de Derechos Humanos (cuya investigación corrió en paralelo a la realizada por la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que fue presentada el lunes) hace también mención al creciente menoscabo de las garantías e instituciones democráticas por parte del régimen de Maduro. Así detalla la implicación de jueces y fiscales: «El poder judicial no ha actuado como un control de los demás actores estatales, permitiendo la impunidad de las violaciones y los delitos cometidos».
El informe también remite, en al menos dos oportunidades, a casos remitidos a la Corte Penal Internacional (que ya acumula unas 40 demandas contra Maduro y su Gobierno por violación de derechos humanos), e insta al alto tribunal a «actuar oportunamente», haciéndose eco de las críticas que señalan que la fiscala general, Fatou Bensouda, no ha actuado con la debida diligencia en el caso venezolano.
Este miércoles, la única reacción del régimen de Maduro fue retuitear un mensaje de diciembre del canciller Jorge Arreaza desconociendo el mandato de la misión internacional y conclusiones, pocos meses después de su creación. El líder de la oposición, Juan Guaidó, señaló que «el informe de la ONU despeja cualquier duda de que Maduro es un criminal». «Aparte de realizar delitos de narcotráfico y terrorismo, comete crímenes de lesa humanidad», sentenció. La próxima semana el informe será aprobado, si tiene los votos suficientes, en el Consejo de Derechos Humanos. Si pasa el tramite se pondrá en marcha una misión de verificación de las denuncias que podrían acabar en la CPI.