El golpe de Mali, otra amenaza para el Sahel

Los aliados deben apoyar una transición que no desestabilice más la región


Foreign Affairs

Semanas de protestas antigubernamentales en Mali llegaron a un punto crítico el pasado 18 de agosto, cuando un grupo de militares arrestó al presidente Ibrahim Boubacar Keïta y lo obligó a renunciar. Muchos malienses consideraban que Keïta no tenía interés en frenar el declive de los servicios sociales, erradicar la corrupción o detener la propagación de la violencia intercomunitaria y terrorista, al tiempo que favorecía el ascenso de su hijo. Su torpe respuesta ante el Tribunal Constitucional sobre la revocación de los resultados de las elecciones parlamentarias fue la gota que colmó el vaso. Pese a que la oposición celebró la expulsión de Keïta, no sucedió lo mismo con los aliados internacionales de Mali.

La Unión Europea, Francia y EE.UU. rápidamente condenaron el golpe de Estado, y el Consejo de Seguridad de la ONU siguió sus pasos. La Unión Africana declaró asimismo los golpes militares como «algo del pasado que ya no podemos aceptar», y suspendió a Mali. Sin embargo, preocupa que el vacío de poder pueda desestabilizar aún más la región. Los países aliados se enfrentan a la cuestión de cómo apoyar una solución pacífica y constructiva a la actual crisis.

El tratado de paz del 2015 con los rebeldes del norte, conocido como el Acuerdo de Argel, debe permanecer en el primer plano de los esfuerzos internacionales y, sin embargo, corre el peligro de fracasar. En el período previo al golpe, la falta de progreso en la implementación del acuerdo alimentó una sensación de estancamiento, debido a que sus disposiciones de desarme y desmovilización siguen en gran medida sin cumplirse, lo que ha contribuido a la crisis de seguridad del país. Y aunque los oficiales del Ejército que depusieron a Keïta se han comprometido a respetar el acuerdo y a facilitar nuevas elecciones, la transición en curso enfrenta numerosos desafíos, entre los que se encuentra el frágil apoyo al acuerdo de paz por parte de la ciudadanía y de importantes círculos militares y políticos.

Cambiar de rumbo requerirá que los aliados internacionales de Mali cambien su enfoque. Desde el 2011, Mali se ha convertido en el epicentro de una creciente crisis humanitaria y de seguridad en el Sahel. La rebelión separatista que comenzó ese año, inicialmente liderada por una coalición de los grupos étnicos del norte, árabes y tuareg, dio a los islamistas instigados por organizaciones terroristas extranjeras (Al Qaida, Estado Islámico y Jamaat Nusrat al Islam) la oportunidad de establecerse en el norte. Y aunque el acuerdo de paz del 2015 puso fin a la ambición de los rebeldes de crear un Estado en el norte, la actividad terrorista ha seguido creciendo. Grupos yihadistas con base ??en el norte del país atacan regularmente a civiles, así como a las fuerzas malienses e internacionales. Su alcance también se ha expandido a lo largo de Mali, al oeste Níger, el norte y centro Burkina Faso y el norte de Costa de Marfil. En enero, la ONU advirtió sobre un «aumento devastador de ataques terroristas contra objetivos civiles y militares» en la región, y señaló que la violencia yihadista había matado a unas 4.000 personas en Burkina Faso, Mali y Níger en el 2019, en comparación con los 770 asesinatos ocurridos tres años antes.

La crisis preocupa tanto a los vecinos de Mali como a la comunidad internacional. Burkina Faso, Costa de Marfil y Níger han puesto en marcha operaciones antiterroristas y han soportado la carga de la asistencia humanitaria. Las misiones de la ONU, que emplean a 15.000 soldados para el mantenimiento de la paz, han ayudado al país a evitar un regreso a la guerra civil en el norte. Pero el precio de su participación ha sido alto. 

Lo que está en juego es una paz sostenible 

Desde el 2015, el Acuerdo de Argel se ha aplicado mínimamente. Firmado por el Gobierno de Mali y los dos principales grupos rebeldes del norte -la Coordinación de los Movimientos Azawad (CMA) y la Plataforma, a los que se conoce como los Movimientos- el acuerdo ordenaba la creación de un observador independiente para monitorear la implementación. La creación de ese organismo, una novedad en África, atestigua su compromiso con la transparencia, pero también muestra un alto grado de desconfianza mutua.

Aunque el Gobierno de Keïta y los Movimientos son los principales responsables de la fría implementación del acuerdo, la comunidad internacional no está libre de culpa, ante la despreocupación mostrada sobre el papel que debe desempeñar.

Para asegurar que la transición política sea pacífica, la desmovilización de la CMA y la Plataforma debe estar entrelazada con la reforma política, que debe incluir la descentralización del Gobierno. Finalmente, una franja amplia de la sociedad maliense, incluidos representantes de la región central y paramilitares separatistas, deben participar en los esfuerzos de reconciliación. Sin una participación pública más amplia y un apoyo al proceso de paz, las perspectivas de solución de las crisis son sombrías.

La actual crisis, que se produce justo después del quinto aniversario del acuerdo, aumenta sin duda el riesgo de un vacío de poder que podría desestabilizar aún más el país, pero también ofrece la oportunidad de cambiar de rumbo. La participación internacional en el proceso de desmovilización debe centrarse en las cuestiones clave: desde el número de excombatientes rebeldes que se incluirán en las fuerzas de seguridad nacional a las condiciones de quienes opten por incorporarse a la vida civil.

Por último, la comunidad internacional debe aumentar su compromiso con las disposiciones de reforma política del acuerdo, y lograr una descentralización efectiva.

El Acuerdo de Argel proporciona el mejor marco disponible para abordar el conflicto en el norte Mali y los agravios más amplios sobre la gobernanza que han contribuido a alimentar la violencia durante años. El éxito aún es posible; lo que está en juego es una paz sostenible en Mali. Y la acción focalizada de los aliados internacionales de Mali es necesaria para evitar una crisis aún más amplia e incluso más grave para el Sahel.

(c) 2020 Foreign Affairs. Distribuido por Tribune Content. Traducción, Lorena Maya

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