Londres admite que su plan de cambiar el acuerdo de salida de la UE es ilegal

Los planes del Gobierno británico de reescribir el acuerdo que el año pasado suscribió con la Unión Europea para materializar el brexit no solo han generado una tormenta con sus todavía socios, sino también en su seno, donde se ha producido una dimisión y una ola de críticas. Por un lado, el ministro para Irlanda del Norte, Brandon Lewis, admitió ayer en el Parlamento que la idea de aprobar una legislación para «aclarar» aspectos del tratado relacionados con Irlanda del Norte «viola el derecho internacional».

«Sí, esto viola el derecho internacional de una manera muy específica y limitada. Estamos tomando las facultades para desaplicar el concepto de efecto directo de la legislación de la UE (...) en una determinada circunstancia muy definida», afirmó Lewis, quien no obstante dijo que «hay claros precedentes» que permitirían al Reino Unido romper con el derecho internacional.

Las palabras del funcionario provocaron un seísmo dentro del Partido Conservador. La ex primera ministra Theresa May subió a la palestra y lanzó dardos contra su sucesor, Boris Johnson. «El Gobierno del Reino Unido firmó el acuerdo de salida [de la UE] junto con el protocolo para Irlanda del Norte. Este Parlamento ratificó aquel acuerdo de salida como parte de la legislación británica. Ahora, el Gobierno está cambiando la forma de operar de ese acuerdo. ¿Cómo puede el Gobierno asegurar a los futuros socios internacionales que se puede confiar en que el Reino Unido cumplirá con las obligaciones legales de los acuerdos que firme?», soltó la exmandataria.

Las críticas de May fueron respaldadas por otros tories. «Cualquier incumplimiento, o posible incumplimiento, de las obligaciones legales internacionales que hemos contraído es inaceptable, independientemente de si es de una manera "específica" o "limitada". El imperio de la ley no es negociable», declaró Robert Neill, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de los Comunes.

Una nueva baja

Pero no solo en el Parlamento y en el partido hubo reacciones. El jefe de la oficina de Asuntos Jurídicos del Gobierno, Jonathan Jones, renunció a su cargo por estar «profundamente disgustado» con la decisión del primer ministro Boris Johnson de aprobar la Ley del Mercado Único del Reino Unido, que en la práctica reescribirá el acuerdo con la UE para poner en marcha el brexit. Esta es la sexta renuncia de un alto funcionario que sufre el premier desde que llegó al 10 de Downing Street en julio del 2019.

Con la nueva ley, el Gobierno británico se atribuye la última palabra sobre la necesidad de comunicar o no a Bruselas cualquier subsidio a una empresa radicada en territorio norirlandés y también se reserva el derecho de decidir qué producto deberá someterse a declaración de aduanas cuando pretendan pasar desde Irlanda del Norte a Inglaterra, Escocia o Gales.

Pese a la tormenta, Johnson también recibió apoyos. Desde el ala más brexitera de su partido se le ha instado a abandonar de una vez las negociaciones con la UE y a romper el acuerdo que firmó el año pasado con Bruselas. «Solo tenemos un acuerdo de retirada porque los conservadores euroescépticos, como yo, votaron a favor para ayudar a la nación a salir de una crisis política. Sin embargo, dejamos claro que este acuerdo apenas era "tolerable" y que solo lo respaldamos por las garantías dadas por el Gobierno de que era solo un punto de partida para las negociaciones; que sería sustituido por un acuerdo de libre comercio completo, pero si no hay acuerdo deberíamos repudiarlo», dijo el diputado Bernardo Jerkin, miembro del Grupo de Estudios Europeos, el club de los euroescépticos.

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