De hecho, en aquel momento, el juez español Baltasar Garzón encabezó una delegación destinada a elaborar un informe sobre cómo la ayuda militar estadounidense en Colombia podría empeorar las vulneraciónes de derechos humanos, por lo que enviaron una petición a Clinton para suspender su apoyo. El acuerdo siguió adelante, así como las críticas sobre la militarización de Colombia. El 80 % de las ayduas económicas enviadas desde Estados Unidos fueron destinadas a equipos y entrenamiento militar.
