Seguidores y detractores del expresidente han salido a la calle en diversas movilizaciones para censurar o celebrar la orden del Supremo
06 ago 2020 . Actualizado a las 08:58 h.El arresto domiciliario del expresidente Álvaro Uribe Vélez ha generado una tormenta política en Colombia. La Corte Suprema de Justicia ordenó el martes por la tarde la detención del líder derechista en el marco de una investigación por soborno de testigos y fraude procesal, al observar riesgos de posible obstrucción a la justicia por parte del exmandatario. La decisión ha incendiado un panorama político ya agitado por las protestas antigubernamentales de finales del 2019 y paralizadas durante la pandemia.
«La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la Patria», dijo Uribe, ahora senador, tras conocer la noticia. La Justicia pone bajo arresto al gran polarizador de la sociedad colombiana. Uribe es amado con veneración por unos, y odiado visceralmente por otros, y desata pasiones en la ciudadanía como ningún otro político.
El líder antioqueño, de 68 años, llegó a la presidencia en el 2002, prometiendo mano dura contra las FARC, dentro de la política conocida como la seguridad democrática, y modernizar al país. Parte de la población le apoya fervorosamente por los duros golpes militares infligidos a la guerrilla y el brusco descenso del secuestro y la violencia durante su mandato, además de por el crecimiento económico del país. Sus detractores critican su apoyo en los 90 a los grupos de defensa civiles conocidos como las Convivir, germen del paramilitarismo para parte de los historiadores.
También le acusan de generar el caldo de cultivo que propició los llamados falsos positivos, las ejecuciones extrajudiciales de ciudadanos, generalmente campesinos, a manos de militares. Las víctimas eran después presentadas como bajas de guerrilleros en combate a cambio de vacaciones u otros premios. La Fiscalía ha contado 2.248 casos de falsos positivos en las dos primeras décadas del siglo, el 97 % durante los gobiernos de Uribe.
Sus problemas con la Justicia se remontan al 2012, cuando el congresista izquierdista Iván Cepeda, valiéndose de testimonios de exparamilitares, desveló que el bloque Metro de las autodefensas habría operado en una finca propiedad de la familia Uribe en Antioquia. Elex presidente decidió entonces denunciar a Cepeda por manipular a los testigos, pero la Corte Suprema archivó hace dos años esa causa y, en cambio, comenzó a investigar a Uribe y su entorno por supuestamente presionar a esas mismas personas para que cambiaran sus versiones a favor del exmandatario.
El uribismo, plasmado en el partido derechista Centro Democrático del presidente Iván Duque -a quien parte del país considera como un peón de Uribe- ha criticado duramente la decisión de los jueces.
«Duele como colombiano que muchos de los que han lacerado al país con la barbarie se defiendan en libertad o, inclusive, tengan garantizado jamás ir a prisión, y que a un servidor público ejemplar, que ha ocupado la más alta dignidad del Estado, no se le permita», dijo Duque, haciendo un paralelismo con los excomandantes de las FARC, que se están en libertad tras el pacto de paz del 2016, al que Uribe se opuso vehementemente. El partido formado por los exguerrilleros dijo ayer temer por el «revanchismo» que la decisión pueda generar en torno al acuerdo firmado hace cuatro años en La Habana.
La prisión domiciliaria de Uribe, que reside en la finca antioqueña conocida como El Ubérrimo, supone un duro golpe para el Centro Democrático. El puesto de congresista de Uribe, que fue el senador más votado por la población en los comicios del 2018, queda automáticamente suspendido, perdiendo el partido a su líder en el Legislativo.
Desde la bancada uribista, se propuso ayer la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente con el objetivo de cambiar la judicatura, y crear una sola corte en el país.
Seguidores y detractores de Uribe han salido a la calle en diversas movilizaciones para censurar o celebrar la orden del Supremo.