El Ejército de Nicaragua defiende a su jefe, sancionado por EE.UU.
INTERNACIONAL
El general Julio César Avilés fue acusado por el país norteamericano de apoyar al «régimen» del presidente Ortega
17 jul 2020 . Actualizado a las 18:42 h.El Ejército de Nicaragua cerró filas con su jefe, el general Julio César Avilés, sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por su apoyo significativo al «régimen» del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, para «reprimir y desmantelar las instituciones democráticas» del país centroamericano.
Por este motivo, el Consejo Militar de Nicaragua publicó un pronunciamiento en el que declaran que rechazan «los infundados señalamientos llenos de desinformación con evidente intencionalidad política y de naturaleza injerencista en asuntos internos que solo compete ventilar a todos los nicaragüenses».
Los militares consideran una intromisión en los asuntos internos de Nicaragua la sanción impuesta por el Gobierno de Estados Unidos en mayo a su jefe de las Fuerzas Armadas, Avilés, y al ministro de Hacienda, Iván Acosta, por supuestamente participar en actos de corrupción y por ayudar a «silenciar» las voces prodemocráticas en el país centroamericano.
Una decisión que implica que todos los bienes que estos pudieran tener en el país norteamericano quedan congelados, y se les prohíbe hacer cualquier transacción financiera con ciudadanos estadounidenses o que implique algún tipo de tránsito por EE.UU., con la intención de dificultar el acceso al sistema financiero internacional.
En el documento, recogido por Efe, los más altos oficiales que integran el Consejo Militar señalaron que, «ante los actos de injerencia en asuntos internos, estamos en el pleno derecho de trabajar para preservar y defender a nuestra patria, nuestra institución y a todos sus integrantes». A lo que añaden que rechazan «la manipulación y desinformación que a nivel nacional e internacional realizan contra nuestra institución y nuestro comandante en jefe» que respaldan completamente.
Por su parte, Avilés afirmó que «todo lo que digan aquí adentro o afuera, jamás alterará en nada la decisión institucional de respetar las leyes y la Constitución de nuestra patria». Además, niega la acusación de EE.UU. de que el Ejército haya entregado armas a civiles afines a Ortega para levantar los bloqueos en las vías que habían colocado opositores en el marco de unas manifestaciones que estallaron en abril del 2018.
También afirmó que esa institución no se conduce por criterios políticos, sino bajo lo establecido en la Constitución y las leyes. A pesar de la sanción estadounidense, el jefe militar seguirá ejerciendo su cargo en el período establecido, hasta el 2025.
Avilés, fundador del extinto Ejército Popular Sandinista (EPS), tomó posesión de su tercer mandato consecutivo en febrero, en medio de críticas de organismos de derechos humanos por no haber desarmado a los civiles armados que actuaron con el consentimiento de la Policía en el marco del estallido social de abril del 2018.
Ortega nombró a Avilés, un destacado exguerrillero sandinista, por primera vez como comandante en jefe del Ejército en noviembre del 2009, en sustitución del general Omar Halleslevens, quien fue vicepresidente de Nicaragua del 2012 al 2017.
Estados Unidos sanciona también a otro hijo del presidente de Nicaragua
El Departamento del Tesoro de EE.UU. impuso este viernes sanciones económicas a otro hijo del presidente de Nicaragua, Juan Carlos Ortega Murillo, y a dos compañías nicaragüenses usadas para el lavado de dinero, en una nueva muestra de presión a Managua.
El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en un comunicado declaró que «el presidente Ortega y su corrupto círculo cercano prioriza su propio poder y riqueza sobre las necesidades del pueblo nicaragüense. Estados Unidos seguirá apuntando a aquellos que respaldan el régimen de Ortega y se apropian del dinero de la economía de Nicaragua».
En Nicaragua se produjeron en abril del 2018 unas manifestaciones contra unas reformas de la Seguridad Social que se convirtieron en una protesta contra Ortega, que dejó 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Organizaciones locales de derechos humanos elevan esa cifra a 684, mientras que el Gobierno reconoce solo 200 fallecidos y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.
Desde el principio, el Gobierno de Trump ha apoyado a la oposición nicaragüense y ha buscado debilitar y aislar internacionalmente a Ortega a través de la presión económica y diplomática.
Así, a la sanción ya establecida en mayo al jefe del Ejército, se suman otras como a la esposa de Ortega, Rosario Murillo, otro hijo de la pareja, Rafael Antonio Ortega Murillo o a la compañía Mundo Digital y a su propietario, José Jorge Mojica Mejía, al que considera responsable de varias operaciones de lavado de dinero para el enriquecimiento del presidente y su entorno.