La ONU denuncia la explotación laboral y los abusos a los trabajadores del Arco Minero del Orinoco

antonio broto GINEBRA / EFE

INTERNACIONAL

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet Violaine Martin / UN Geneva / dpa

Al menos 149 trabajadores han muerto desde el año 2016

15 jul 2020 . Actualizado a las 20:15 h.

Los trabajadores en el Arco Minero del Orinoco, una de las áreas más ricas en recursos minerales de Venezuela, están sometidos a graves abusos y violencia que han causado al menos 149 muertos desde el 2016, según un informe presentado este miércoles ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU por la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

Los mineros «están atrapados en un contexto generalizado de explotación laboral y altos niveles de violencia» por parte de grupos criminales que controlan las minas en el área, apodados como «sindicatos», señaló Bachelet, quien reclama a las autoridades venezolanas que tomen medidas. «A pesar de la considerable presencia de fuerzas militares y de seguridad en la región, y de los esfuerzos realizados para abordar la actividad criminal, las autoridades no han podido investigar y llevar a juicio las violaciones de los derechos humanos, los abusos y los delitos relacionados con la minería», subrayó.

Esos «sindicatos» aplican castigos crueles a quienes infringen las reglas que ellos imponen y sacan beneficios económicos de todas las actividades en las zonas mineras, incluso recurriendo a prácticas de extorsión a cambio de protección, según el informe.

Mantienen sus actividades ilegales y su control de la zona, donde deciden quién puede entrar o salir, a través de un sistema de corrupción y soborno que incluye pagos a comandantes militares, añade el documento.

Condiciones de vida

Los mineros, en su mayoría procedentes de otras regiones venezolanas y empujados a emigrar por la crisis económica en el país, trabajan en turnos de 12 horas, descendiendo a los pozos sin protección, y están obligados a pagar entre el 10 y el 20 % de lo que ganan a los grupos criminales, a lo que debe sumarse hasta un 30 % para los propietarios de molinos donde se trituran las rocas para extraer minerales.

Los mineros viven en zonas sin agua corriente, electricidad o servicios sanitarios, donde han aumentado los casos de malaria entre inmigrantes y también en comunidades indígenas. Tanto los oriundos como los mineros también han sufrido casos de envenenamiento por mercurio, altamente tóxico y que contamina a través de los gases y por filtraciones al suelo y los ríos. El informe denuncia además que niños, algunos menores de diez años, trabajan en las minas, y que ha habido un fuerte aumento de la prostitución y la explotación sexual de mujeres, incluyendo menores.