Bolsonaro carga contra la operación policial contra sus seguidores por difundir noticias falsas

Entre los investigados están influyentes empresarios, blogueros, activistas y diputados de la llamada «máquina de propaganda» del bosonarismo

Agentes registraron la casa de Allan dos Santos, un bloguero seguidor de Bolsonaro
Agentes registraron la casa de Allan dos Santos, un bloguero seguidor de Bolsonaro

Redacción

La decisión de la Justicia de Brasil de poner en su punto de mira la llamada «máquina de propaganda» en redes sociales de los seguidores de Jair Bolsonaro por la sospecha de propagar noticias falsas, no ha sentado nada bien al presidente. El ultraderechista ha cargado contra el alto tribunal por ir contra algunos de sus aliados y atacar la «libertad de expresión».

La Policía Federal, por orden del magistrado Alexandre de Moraes, instructor en el Tribunal Supremo Federal de una investigación sobre fake news y amenazas a ese tribunal, registró el miércoles oficinas y residencias de decenas de personas vinculadas al llamado bolsonarismo. 

Entre quienes fueron objeto de allanamientos o serán citados a declarar están influyentes empresarios, activistas de ultraderecha, parlamentarios y otras figuras políticas vinculadas a Bolsonaro, que en las últimas semanas han convocado, vía Internet, manifestaciones para exigir el «cierre» del Parlamento y del Supremo, informa Efe.

«Ver a ciudadanos de bien con sus propiedades invadidas por ejercer su derecho a la libertad de expresión es una señal de que algo muy grave está ocurriendo con nuestra democracia», escribió este jueves en Twitter. Así, ha asegurado que su Gobierno trabaja «para que se haga valer el derecho a la libertad de expresión» en Brasil. «Ninguna violación de ese principio debe ser aceptada pasivamente», ha reivindicado.

Por su parte, Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del presidente y diputado federal, ha acusado al Poder Judicial de favorecer la «ruptura» del gigante sudamericano y ha sugerido que, para evitarlo, su padre podría adoptar una «medida enérgica», informa Europa Press.

El diputado federal se ha referido no solo a la investigación del magistrado Alexandre de Morares sobre las fake news sino a la orden de su colega Celso de Mello de publicar un vídeo de la reunión ministerial del 22 de abril en el marco del caso sobre las supuestas injerencias del presidente en la Policía Federal.

«Los magistrados Alexandre de Moraes y Celso de Mello van a conseguir la proeza de hacer que las manifestaciones [pro-Bolsonaro], que hasta ahora se han celebrado seis fines de semana consecutivos en Brasilia, se trasladen a las puertas del palacio de Planalto para saludar al presidente», se ha jactado.

Investigación sobre noticias falsas

La Policía Federal llevó a cabo el miércoles un operativo en seis estados, incluidos el Distrito Federal, Río de Janeiro y São Paulo, para ejecutar 29 órdenes de busca y captura emitidas por De Moraes por el caso de las fake news.

El STF investiga desde el pasado marzo sobre las «noticias falsas, ofensas y amenazas que afectan a la honorabilidad y a la seguridad» del tribunal, sus miembros y las familias de estos.

Hasta la fecha, los investigadores han identificado al menos doce perfiles en redes sociales que han difundido las fake news contra la institución judicial. Entre los investigados están el exdiputado federal Roberto Jefferson, el empresario Luciano Hang y los blogueros Allan dos Santos y Winston Lima, todos ellos aliados de Bolsonaro.

El telefono de Bolsonaro

Bolsonaro afronta varias investigaciones en el Supremo entre ellas la supuesta injerencia en la Policía Federal. En relación con este caso, la Fiscalía General se pronunció este jueves en contra de la incautación del teléfono móvil de Bolsonaro, informa Efe. La solicitud para que fuera analizada la posibilidad de incautar el teléfono de Bolsonaro fue trasladado por el juez Celso de Mello, decano del Supremo de Brasil y quien supervisa la investigación.

Mello solo trasladó una petición presentada por parlamentarios de oposición, pero la decisión final le cabe legalmente a la Fiscalía, que con esa respuesta dio por cerrado el asunto

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