Solo el presupuesto del Ejército chino esquiva la crisis del coronavirus

La Asamblea Popular renuncia a dictar un objetivo de crecimiento económico para el 2020 y se centra en combatir el paro

Los delegados aplauden al presidente Xi Jinping
Los delegados aplauden al presidente Xi Jinping

Shanghái / colpisa

La pandemia del coronavirus ha provocado una escabechina económica en el primer trimestre y, lo que es peor, ha extendido una sensación de incertidumbre que impide al Gobierno chino dictar un objetivo para el crecimiento del PIB este año. Por eso, durante la sesión inaugural de la Asamblea Popular Nacional (APN), el primer ministro Li Keqiang ha preferido ayer cuantificar otras metas: en el 2020, año en el que concluye el plazo dado por el presidente Xi Jinping para que China se convierta en «una sociedad moderadamente próspera», el país más poblado del mundo trabajará para mantener la tasa de paro por debajo del 6 % y para crear nueve millones de empleos urbanos.

«Los esfuerzos para estabilizar el empleo, asegurar la calidad de vida de la población, erradicar la pobreza, y evitar los riesgos que acechan dependen del crecimiento económico, así que asegurar un desempeño económico estable es de crucial significancia», afirmó Li durante la lectura del informe de trabajo con el que China analiza la labor del Gobierno durante el último año. «Debemos profundizar en las reformas de apertura para estabilizar el empleo, estimular el consumo, robustecer el mercado, y continuar creciendo», añadió ante los más de 2.900 delegados que llegaron de todo el país y que se sentaron en el anfiteatro del Gran Palacio del Pueblo después de dar negativo en dos test de coronavirus

Hacer más con menos

China tendrá que hacer más con menos. La recaudación fiscal se verá afectada pero el gasto social deberá crecer para cumplir con los objetivos de empleo y bienestar. «La construcción de nuevos edificios gubernamentales y el gasto innecesario están totalmente prohibidos. El Gobierno será ejemplar a este respecto y buscará reducir su presupuesto con un recorte de más de la mitad en partidas no esenciales», dijo Li.

El objetivo de déficit fiscal se sitúa ocho décimas por encima del dictado el año pasado (3,6%) y China emitirá bonos del Tesoro por valor de unos 130.000 millones de euros, a los que se sumarán otros 493.000 millones de euros en bonos de Gobiernos locales. Pero no parece que la deuda se vaya a desbocar ni que la APN esté trabajando en un gran plan de estímulo económico como el que permitió al gigante asiático capear la crisis global del 2008.

El Ejército es el único que esquiva la crisis del coronavirus y logra incrementar sustancialmente su presupuesto: en el 2020 crecerá un 6,6% hasta alcanzar los 165.000 millones de euros. Supone el menor aumento de las últimas dos décadas, pero todavía está muy por encima de las previsiones para el PIB. El Gobierno resta importancia al asunto afirmando que todavía representa solo una cuarta parte del estadounidense. No obstante, al otro lado del océano Pacífico se ve con preocupación la modernización del Ejército chino, que hace unos años dejó a un lado su estrategia cuantitativa (tiene el mayor número de soldados) para adoptar una cualitativa: ya es capaz de construir sus propios portaviones y de desarrollar cazas invisibles que rivalizan con los americanos, y ha puesto en marcha ambiciosos proyectos para liderar campos como la guerra cibernética o la conquista del espacio.

Temor entre los activistas de Hong Kong a la nueva Ley de Seguridad

La polémica ley de seguridadnNacional será promulgada en Hong Kong sin necesidad de que el Parlamento autonómico la tramite, porque la Asamblea Popular Nacional (APN), que estos días celebra su reunión anual en Pekín, decretará su inclusión en el Anexo III de la Ley Básica, la miniconstitución por la que se rige la excolonia británica. Según el texto del borrador, filtrado ayer a la prensa y pendiente de aprobación por la APN, los tres poderes de Hong Kong deberán «prevenir, detener, y castigar» actos que amenacen la integridad territorial del país o que faciliten las injerencias extranjeras.

«Que se utilice a Hong Kong para infiltrar y sabotear a China sobrepasa todas las líneas rojas. Es totalmente intolerable», justificó Wang Chen, vicepresidente del Comité Permanente de la APN. «Castigar a una minoría que daña la seguridad nacional es ofrecer mayor protección a la mayoría de la población de Hong Kong, así como salvaguardar sus derechos y libertades básicas», añadió, en clara referencia a las manifestaciones anticomunistas que han incendiado el centro financiero desde hace casi un año.

Los activistas, sin embargo, consideran que la ley logrará exactamente lo contrario. «Este nuevo mecanismo permite a Pekín imponer sus draconianas medidas en Hong Kong sin que exista ningún escrutinio legislativo», criticó Joshua Wong en Twitter, donde también hizo un llamamiento a Donald Trump para que Estados Unidos haga valer la ley que firmó el pasado mes de noviembre, que le permite sancionar a los políticos chinos que atenten contra las libertades de los ciudadanos de Hong Kong. «No nos vamos a amedrentar y continuaremos desvelando el autoritarismo chino», sentenció Wong.

Muchos otros consideran que la ley propuesta por Pekín atenta contra el principio 'un país, dos sistemas', que China acordó con el Reino Unido para respetar las particularidades de Hong Kong tras su devolución, en 1997. «Si China ni siquiera puede honrar los términos más básicos del acuerdo internacional más importante que ha firmado desde la década de 1970, el mundo debería reflexionar sobre si el país es de fiar», disparó Peter Dahlin, director de la ONG Safeguard Defenders. Muchos temen que la ley sea utilizada para recortar libertades como la de prensa o incluso el acceso a redes sociales internacionales.

Entre los aspectos más polémicos de la propuesta de ley está que las agencias de seguridad del Estado podrán establecerse en la ciudad para implementar la ley y que el Gobierno autonómico deberá crear un mecanismo en la misma dirección. Además, esta ley añadida en el Anexo III no significa que el Parlamento se libre de aprobar también su propia normativa para salvaguardar la seguridad nacional. Ya lo intentó anteriormente y en el 2003 tuvo que dar marcha atrás por el multitudinario rechazo popular. Todo apunta a que, ahora, esta decisión incendiará aún más los ánimos.

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