Batería de denuncias contra el Gobierno de Macron por la gestión del COVID-19
INTERNACIONAL
Varios miembros del Ejecutivo francés se enfrentan a acusaciones por su pasividad en la crisis
13 abr 2020 . Actualizado a las 15:11 h.«No es el momento de polémicas sino de solidaridad nacional» frente a la crisis sanitaria, replican sin cesar los miembros del Gobierno francés, y coincide con ellos la mayoría de la clase política, con raras excepciones, como la líder de extrema derecha, Marine Le Pen, que acusa al Ejecutivo de mentir sobre «absolutamente todo» en este período de coronavirus.
Esta unidad nacional proclamada por Emmanuel Macron no impide que se sucedan una batería de denuncias ante el Tribunal de Justicia de la República contra una buena parte del Gobierno. Este tribunal de excepción, el único encargado de juzgar los crímenes o delitos cometidos por los miembros del Ejecutivo durante el ejercicio de su mandato, ha recibido una docena contra el primer ministro, Edouard Philippe, su exministra de Sanidad, Agnès Buzyn, el sucesor de esta, Olivier Veran, o los ministros de Interior, Justicia y Trabajo. Según los casos, son acusados de homicidio involuntario, por poner en riesgo la vida de terceros, no asistencia a personas en peligro o la ausencia de medidas para controlar la epidemia a tiempo.
Aunque el tribunal debe decidir todavía si admite o no a trámite las denuncias, esto no impide que comience a planear sobre los dirigentes el espectro del escándalo de sangre contaminada.
Juicio a tres políticos en el 99
En 1999 fueron juzgados por primera vez tres responsables políticos por crímenes o delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones: el ex primer ministro, Laurent Fabius, y sus ministros de Asuntos Sociales y de Sanidad. La Asociación Francesa de Hemofílicos aseguraba que en los años 80, 1.350 hemofílicos habían recibido transfusiones sanguíneas contaminadas de sida. Para las víctimas no había duda de que las autoridades lo sabían, pero dieron salida a productos sanguíneos potencialmente contaminados. Laurent Fabius fue puesto en libertad sin cargos, pero tuvo que renunciar a susambiciones de presidir un día la República francesa.
Pasividad contra la epidemia
Las denuncias que llegan ahora al Tribunal de Justicia de la República, como la de un colectivo de médicos que acusa a Philippe y Buzyn de «abstenerse» de tomar las medidas necesarias para controlar la epidemia «siendo conscientes del peligro y disponiendo de medios de acción». Se basan en las declaraciones de la exministra de Sanidad en Le Monde, donde dice que había alertado al primer ministro sobre la gravedad de la epidemia desde el mes de enero, y le había advertido que no deberían mantenerse las elecciones municipales.
También se piden explicaciones sobre la falta de mascarillas. Frente a lo cual, el actual ministro de Sanidad, Olivier Veran, señala que Francia tenía 1.000 millones antes de que alguien tomase la decisión de que ese stock «no era indispensable» y lo destruyese «porque había una intensa capacidad de producción mundial». En cualquier caso, una vez terminada la crisis sanitaria, el Gobierno tendrá que dar cuentas, si los ha habido, de sus errores o de falta de previsión.
