La oposición vuelve a las calles pese a la represión de la policía de Maduro

Los manifestantes no lograron acceder al Parlamento, tomada por el chavismo


caracas / corresponsal

El régimen de Nicolás Maduro reprimió con dureza una manifestación opositora convocada por el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, mientras en el centro de Caracas algunos centenares de manifestantes respaldaron la actividad de la Asamblea Constituyente. Guaidó llamó a una nueva concentración para mañana, con la esperanza de que el chavismo no podrá organizar tan rápidamente una «contramarcha», como ha hecho en cada ocasión a lo largo de 20 años.

Varios miles de manifestantes opositores fueron emboscados por las fuerzas de seguridad en los límites del municipio Libertador, que es sede de los poderes públicos y en el que el régimen de Maduro no deja manifestarse a la oposición. Fueron lanzadas centenares de bombas lacrimógenas y al menos una decena de personas resultaron lesionadas. En el resto de las manifestaciones contra el régimen de Maduro celebradas en las principales capitales de estado del país no se reportaron heridos.

Guaidó señaló que el riesgo de la violencia había sido calculado por la oposición y afirmó: «El objetivo se ha cumplido: demostramos que no hay miedo y aprobamos el pliego nacional de conflicto», un documento que recoge los problemas en los distintos sectores del país por la crisis política, económica y humanitaria. El objetivo inicial era, sin embargo, llegar al Palacio Legislativo, en el centro de la ciudad, del que la Asamblea Nacional ha sido desplazada por la Constituyente, cuya legitimidad es más que dudosa y que preside Diosdado Cabello, número dos del régimen de Maduro. Casi tres años después de su creación, no ha presentado uno solo de los artículos de la Constitución que supuestamente reformará. Pese a no acceder a la Cámara, Guaidó señaló que «la Asamblea Nacional se encuentra donde estén los ciudadanos», tras celebrar una sesión en una plaza del este de Caracas.

El «pliego nacional de conflicto» pretende sistematizar las luchas de los gremios públicos y darles carácter político, más allá de la mera reivindicación laboral, y convertir estas demandas de los empleados públicos en leyes para «debilitar a la dictadura y generar acontecimientos que desencadenen la salida del régimen y la realización de nuevas elecciones», según reza su documento.

Cabello, por su parte, acusó a la oposición de «engañar a su gente», porque, según él, «sabían que no iban a llegar a la Asamblea Nacional (...) Al municipio Libertador no van a entrar, esto es territorio de paz», señaló.

Bachelet amplía su informe

Mientras tanto, desde Ginebra, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, actualizó su informe sobre Venezuela, y lamentó el agravamiento de la crisis humanitaria, el incremento del éxodo de venezolanos hacia el exterior y la detención arbitraria de, al menos, dos diputados. Bachelet también dijo que no se ha dado acceso a la ONU a los centros de reclusión política venezolanos, como habían acordado cuando visitó Caracas en junio.

El régimen replicó, a través de su embajador ante la ONU, Jorge Valero, que la actualización del informe de Bachelet está «plagada de mentiras» y lo calificó de «infructuoso» e «injerencista».

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