Londres gastó más de 14.000 euros en cada deportación de simpapeles

Juan Francisco Alonso LONDRES / E. LA VOZ

INTERNACIONAL

ANDY RAIN | EFE

En el último trimestre del 2019 invirtió medio millón de euros en deportar a 37 extranjeros

13 feb 2020 . Actualizado a las 08:29 h.

El Reino Unido está dispuesto a todo para combatir la inmigración ilegal, asumiendo incluso un alto coste. Es la conclusión a la que se llega al conocer que en el último trimestre del 2019 el Gobierno invirtió 443.000 libras (527.000 euros) en deportar a 37 extranjeros: cada expulsión le salió en casi 12.000 libras (14.200 euros).

La información la suministró el Ministerio del Interior (Home Office), que atendió así una solicitud de información de la oenegé No Deportations, la cual hace seguimiento a las políticas migratorias del Ejecutivo y se opone a estas devoluciones.

La abultada factura se debe a que las deportaciones se hicieron por vía aérea y para llevarlas a cabo las autoridades no optaron por vuelos comerciales, sino chárter. Además en cada avión no solo viajaron los expulsados, sino también 172 agentes de seguridad, quienes se encargaron de que los procedimientos se realizaran sin problemas, según publicó The Guardian. En el último trimestre del año pasado salieron del Reino Unido cuatro vuelos de este tipo con rumbo a Alemania, Francia, Suiza y Kosovo, algunos de ellos con un solo deportado.

Resolución judicial

La información salió a la luz la misma semana en que otro avión con 17 deportados partió del país con rumbo a Jamaica. Este último vuelo debía llevar a 50, pero buena parte de los potenciales expulsados se quedaron en tierra gracias a una decisión judicial, porque forman parte de la llamada generación Windrush.

Con esta denominación se conoce al medio millón de jamaicanos, trinitarios y nacionales de otras islas del Caribe anglófono que entre 1948 y 1970 se mudaron a Gran Bretaña invitados por las autoridades de la época para ayudar con la reconstrucción del país tras la Segunda Guerra Mundial. Ahora muchos de ellos se enfrentan a la posibilidad de ser deportados porque sus archivos fueron destruidos en el Home Office durante la gestión de Theresa May.

En el año 2019 el Gobierno admitió que gastó otras 250.000 libras (270.000 euros) en vuelos de deportación que jamás despegaron.