Maduro impide el viaje del grupo de derechos humanos de la OEA

La comisión elaborará desde Cúcuta su informe sobre Venezuela


Caracas / corresponsal

La directiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que pretendía realizar una misión de observación en Venezuela, no pudo embarcar en un avión en Panamá que la trasladara a Caracas por presión del régimen de Nicolás Maduro.

La comisión, que forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), tomó entonces destino a Cúcuta, en la frontera colombiana con el país caribeño, para recabar allí los testimonios de centenares de personas que la oposición venezolana había reunido y que son supuestas víctimas de violaciones de sus derechos humanos, según informó Humberto Prado, comisionado presidencial para los derechos humanos de la presidencia interina de Juan Guaidó.

Prado afirmó que Maduro «chantajeó» a Copa Airlines, la aerolínea que iba a trasladar a Esperanza Arosemena (presidenta de la CIDH), Paolo Abrao (secretario ejecutivo) y Edinson Lanza (relator para la libertad de expresión), y que no los dejó embarcar en Panamá en el vuelo que iba a llevarlos a la capital venezolana.

«Ya estábamos chequeados y con los pases de abordar en la mano, cuando nos detuvo un empleado de Copa y nos informó de que el Gobierno de Maduro nos declaraba inadmisibles», indicó Arosemena, mientras que Abrao calificó de «insólito» el procedimiento, que aparentemente obedece a presiones contra la aerolínea por parte del régimen. Venezuela tiene una deuda de más de 3.000 millones de euros con las aerolíneas que operan en el país, contraída durante los últimos años de un control de cambios que duró tres lustros.

Sanciones a aerolíneas

Esa deuda ha hecho que la oferta de pasajes haya caído a la mitad, y que algunas aerolíneas, operando con aeropuertos intermedios como Panamá o Colombia, hayan captado la mayor parte de ese tráfico reducido.

A Copa, de capital panameño y asociada a la estadounidense Continental Airlines, el régimen de Maduro le suspendió la licencia por 90 días en el 2018, en represalia porque Panamá sancionó financieramente a 55 funcionarios del chavismo; y en el 2019 le abrió un expediente por haber trasladado a Caracas a Guaidó, tras su primera gira internacional como presidente interino.

«Es una vergüenza que el régimen autoritario haya impedido nuestra visita a Venezuela», indicó Abrao, mientras Jorge Arreaza, canciller venezolano, reiteraba lo dicho el viernes: como Venezuela ya no es miembro del sistema de la OEA, considera «nula» e «inefectiva» a la CIDH.

«Pero ya activamos el plan B y en las próximas horas estaremos en Cúcuta», señaló el secretario de la comisión internacional.

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