Guaidó lucha contra la corrupción y las amenazas para revalidar su cargo

El Gobierno de Maduro presiona para acabar con el referente de la oposición

El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó
El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó

caracas / corresponsal

El chavismo y la oposición afrontan este domingo como una batalla casi definitiva. Si Juan Guaidó logra ser reelegido como presidente del Parlamento, la oposición habrá ganado espacio de maniobra política para este año; si Nicolás Maduro logra desbancarlo con un candidato diferente, o sembrar de dudas su reelección, se tambaleará todo el esquema de la presidencia interina, que ha permitido que 56 países reconozcan a Guaidó como presidente del Ejecutivo para presionar por unas elecciones presidenciales creíbles.

Si bien sigue siendo el político mejor valorado del país, Guaidó enfrenta crecientes disensiones dentro de la propia oposición, además de la amenaza de supuestos sobornos por parte del régimen de Nicolás Maduro a diputados para que voten en su contra el domingo.

Guaidó necesita al menos 85 apoyos (mayoría absoluta) para seguir como presidente del Parlamento. Las cuentas más conservadoras le dan al menos 93. Pero elementos de la oposición radical, y un grupo de parlamentarios acusados de corrupción dentro de la propia oposición (que contraatacaron acusando, a su vez, a Guaidó) pueden crear el suficiente ruido como para al menos cuestionar su mandato.

En su mensaje de fin de año, Guaidó pidió a la oposición «remar juntos hacia un mismo destino», al tiempo que destacaba los avances de los movimientos democráticos el año pasado, «los mayores de la historia. Sigamos luchando para que en el 2020 los libros digan que fue el año en el que lo logramos totalmente».

También afirmaba que no era «candidato presidencial», sino «el presidente encargado de una nación secuestrada por una dictadura»: curioso mensaje horas después de que una reconocida encuesta mostró que duplicaba en intención de voto a Maduro, y que es con mucha distancia el líder con más aceptación del país.

En la última sesión del 2019, la oposición votó unida en el Parlamento para modificar el reglamento interior y de debates y permitir el voto de los diputados en el exterior, lo que garantiza la reelección de Guaidó.

Uno de los diputados señalados por corrupción, sin embargo, presentó ante el Tribunal Supremo, que sigue las órdenes de Maduro, un recurso para anular la sesión, que le fue concedido de inmediato. Sin embargo, la orden judicial es en la práctica inaplicable en un escenario de relaciones rotas entre todos los poderes y el legislativo.

Un grupo de juristas de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela acusaron al TSJ de instalar una «tiranía judicial» contra la Asamblea en connivencia con el régimen de Maduro, y defendieron, en una carta al país, la legitimidad del Legislativo para modificar su reglamento interior sin intromisiones.

En cualquier caso, que Guaidó no logre su objetivo sería una debacle no solo personal, sino para la oposición, que obligaría al reacomodo de los 56 países que hoy reconocen al joven político como presidente del Parlamento.

El clima, mientras, se presenta enrarecido, con las amenazas y amedrentamientos por parte de los grupos paramilitares del chavismo y probablemente con una nueva sentencia del Supremo suspendiendo o inhabilitando la sesión del 5 de enero, fecha que la Constitución establece para el inicio del año parlamentario.

Este miércoles, Guaidó emitió también una alerta internacional por la desaparición del diputado Gilber Caro y del periodista Víctor Ugas, detenidos este viernes por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) venezolanas.

Diez muertos al estallar 4 grandas en una cárcel de Zulia 

P. g. o.

Imágenes dantescas en las redes sociales dan cuenta de que al menos diez reclusos fueron asesinados el pasado 30 de enero en Cabimas, en el estado Zulia, al oeste de Venezuela, cuando cuatro granadas explotaron dentro de un centro de detención.

Es el segundo incidente que se produce en el retén en menos de dos semanas, donde, el 22 de diciembre, se produjo un motín por el control de uno de los pabellones en el que murieron otros siete presidiarios.

La censura y la crisis económica que atraviesa Venezuela hizo que la masacre en el centro de procesados (en el que, en teoría, no hay reos condenados) se conociera dos días después de suceder. La del 22 de diciembre se conoció a los cuatro días de acontecer. No ha habido reportes oficiales del suceso, que se conoció a través de la oenegé Una Ventana a la Libertad, que habla de «al menos diez muertos».

Iván Simonovis, excomisario policial, preso político durante 16 años recientemente evadido y viviendo en Estados Unidos, señaló que había, sin embargo, «más de 20 muertos y 50 heridos» y atribuyó la matanza «a la lucha entre bandas del penal por el control del tráfico de droga».

La masacre registrada el 30 de diciembre venía precedida de quince días de conflictos entre los procesados, luego de la matanza de otras siete personas, la mayoría a puñaladas.

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