Sobornos y amenazas, la ofensiva de Maduro contra la reelección de Guaidó
INTERNACIONAL
El régimen ha ofrecido dinero a diputados opositores a cambio de su voto contra el presidente interino
25 dic 2019 . Actualizado a las 20:57 h.En una maniobra de pinza, el régimen de Nicolás Maduro intenta frustrar la reelección de Juan Guaidó el 5 de enero como presidente del Parlamento, y por lo tanto, como presidente interino de Venezuela reconocido por 57 países. A la vez que ha forzado otra ola de retirada ilegal de la inmunidad a parlamentarios opositores, ha lanzado un supuesto maletinazo para comprar votos.
La maniobra ha sido denunciada por Ismael León, un diputado de Voluntad Popular (el partido de Guaidó y de Leopoldo López). El legislador ha señalado que Tareck el Aissami, ministro de Industrias de Maduro, está detrás de la entrega de supuestos maletines con dólares, en la denominada operación Alacrán. El 20 de diciembre, la acusación se hizo oficial mediante un comunicado de la Asamblea Nacional contra siete diputados opositores. Al menos uno reconoció contactos del régimen para recibir dinero a cambio de su voto contra Guaidó. La diputada Delsa Solórzanos habla de hasta un millón de dólares.
León fue el acusador original de una operación de «blanqueo de imagen» llevada a cabo por once diputados de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (entre ellos los siete acusados), para «lavarle la cara» al empresario colombiano Carlos Lizcano, propietario de la empresa Salvafoods, acusado de tener vínculos de corrupción con su paisano Alex Saab, a quien a su vez se le acusa de ser testaferro de Maduro, en el abastecimiento de alimentos subsidiados mediante los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Los acusados cubren todo el espectro político de la oposición y no incluyen a los cuatro parlamentarios de Alianza Progresista, partido de Henri Falcón, exchavista y exopositor que ahora propone una tercera vía de conciliación con el régimen, a los que se comienza a denominar con sorna «la fracción CLAP».
Al menos dos de ellos han dicho que votarán contra Guaidó el 5 de enero. Para Guaidó, y para la oposición, es vital retener el control de la presidencia de la Asamblea Nacional. No solo para evitar un monumental enredo diplomático con los países que lo reconocen como presidente interino, sino para seguir libre. En reiteradas oportunidades, Maduro lo ha amenazado con prisión.
A pesar de que su popularidad ha caído a la mitad, Guaidó sigue siendo el político mejor evaluado del país, con más de 40 % de aceptación en todos los sondeos.
Además de la supuesta operación Alacrán, el régimen de Maduro ha retirado en los últimos días la inmunidad de cuatro diputados opositores, ha acusado a otros tres y ha vuelto a detener, por tercera vez, a uno de ellos, Gilber Caro, cercano aliado de Guaidó. Son ya 32 (de 113) los parlamentarios opositores sobre los que han caído falta de inmunidad, exilio o cárcel desde el 2015, año en que fueron electos.
En su última sesión del 2019, el 12 de diciembre, la mayoría opositora del Parlamento aprobó un cambio en el reglamento de debates que permite el voto electrónico de los diputados en el exilio, precisamente para garantizar la reelección de Guaidó, supuestamente atada con los votos de los cuatro partidos más grandes de la oposición. La reforma fue inmediatamente anulada por el Tribunal Supremo de Justicia, pero esto no tendrá efectos de cara a la legalidad interna (el Parlamento ya fue ilegalizado de manera totalmente arbitraria por el Supremo leal a Maduro), ni especialmente en el exterior. Se espera, sin embargo, que la próxima semana sea muy movida, con nuevos violaciones a la inmunidad parlamentaria por parte del régimen venezolano.