El nuevo Gobierno lanza una ley para sacar a Argentina de la crisis económica

La medida prevé un aumento de ingresos para los sectores más vulnerables que busca reactivar la economía

Alberto Fernández, durante una visita a la Universidad de Buenos Aires
Alberto Fernández, durante una visita a la Universidad de Buenos Aires

Buenos Aires / colpisa

El Gobierno del presidente Alberto Fernández en Argentina envió el lunes al Congreso un proyecto de ley que contempla múltiples medidas comenzando por la declaración de la emergencia económica, social y sanitaria. La iniciativa prevé aumentos en los ingresos de los sectores más vulnerables, incrementos impositivos y nuevas cargas que recaerán sobre compras en el exterior.

El Ejecutivo reclama además facultades para renegociar a la baja las tarifas de servicios públicos y para reasignar partidas. El proyecto de ley de solidaridad social y reactivación productiva busca autorizar aumentos para jubilados que perciben pensiones mínimas, para empleados públicos y beneficiarios de asignaciones a familias pobres. Incluye una bajada de impuestos y una moratoria impositiva para pequeñas empresas, las más golpeadas por la crisis que se profundizó durante la gestión de Mauricio Macri (2015-2019), y propone un recargo sobre los consumos con tarjeta de crédito en el exterior. Esta última propuesta generó un bum de ventas de billetes de viaje y reservas de hoteles el pasado fin de semana. También provocó una fuerte subida del mercado paralelo de venta de dólares.

Actualmente rige una restricción a la adquisición de divisas. La economía está al borde de la suspensión de pagos por falta de dólares. Por eso se estableció al final del Gobierno de Macri un límite de compra de 200 dólares (179,46 euros) por persona al mes. La cotización oficial está en torno a 63 pesos por dólar y en el mercado paralelo llegaba a 69. Pero con el llamado ‘dólar turista’ que se pondrá en vigor con la nueva ley, los gastos con tarjeta en el extranjero no serán al precio oficial, sino un 30 % más caros.

La iniciativa, que comenzó a ser analizada ayer en la Cámara Baja, incorpora además la decisión de aumentar impuestos a la exportación de productos agropecuarios y bienes personales. De esa manera el Gobierno de Fernández espera hacerse con recursos para financiar aumentos salariales que sirvan para reactivar la economía. Este año finalizará con una caída económica de 3 %, un aumento del paro y de la pobreza.

El nuevo clima político que se instaló con el cambio de Gobierno llegó también a la Justicia. El pasado fin de semana Julio de Vido, exministro de Obras Públicas en la presidencia de  Cristina Fernández (2007-2015) -actualmente vicepresidenta- obtuvo el arresto domiciliario en una causa por presunta corrupción. Los jueces que lo tenían en prisión desde el 2017 consideraron que no hay peligro de fuga ni de obstrucción en el proceso que en su contra.

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