El número de muertos desde el inicio de la crisis en Bolivia se eleva ya a 123
INTERNACIONAL
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denuncia el decreto del Gobierno interino que exime a las fuerzas del orden de responsabilidad su actúan «en estado de necesidad»
17 nov 2019 . Actualizado a las 15:56 h.La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha denunciado que al menos 23 personas han muerto y 715 han resultado heridas desde el inicio de la crisis en Bolivia con las elecciones del pasado 20 de octubre. «Desde ayer son nueve fallecidos y 122 heridos desde la represión combinada de la Policía y las Fuerzas Armadas. Se totaliza por lo menos 23 personas muertas y 715 personas heridas desde el inicio de la crisis institucional y política», indicó el organismo en su cuenta de Twitter.
La CIDH critica el «uso desproporcionado» de la fuerza policial y militar y la utilización de armas de armas de fuego que, a su juicio, «deben estar excluidas de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales». La crisis política en Bolivia estalló tras las elecciones presidenciales celebradas el pasado 20 de octubre. Evo Morales, que dimitió el pasado domingo, proclamó en un primer momento su victoria mientras que la oposición denunció un «fraude gigantesco». La auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) confirmó «irregularidades» en el proceso.
Los datos actualizados por la CIDH se refieren a víctimas en choques entre cocaleros afines a Evo Morales y fuerzas del orden el pasado viernes cerca de la ciudad de Cochabamba, en el centro de Bolivia, en la jornada más trágica desde el comienzo de la crisis. Morales, exiliado en México, escribió en Twitter que las víctimas mortales en estos disturbios fueron doce, sin citar fuentes. La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, expresó en la misma red social que «duele tanta violencia, duele la muerte, Bolivia merece vivir en paz». La CIDH denunció el decreto del Gobierno provisional de Bolivia que exime a las fuerzas del orden de responsabilidad penal si actúan «en legítima defensa o en estado de necesidad» y bajo criterios de «legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad». El Ejecutivo de Áñez respondió que no supone una «licencia para matar» y lo enmarcó en la Constitución y las leyes del país.
Durante una rueda de prensa en el Palacio de Gobierno de La Paz, el ministro interino de la Presidencia, Jerjes Justiniano, manifestó que la medida dictada el pasado viernes «no contribuye a ningún estado de mayor violencia» sino que es un instrumento para «contribuir a la paz social». La CIDH, sin embargo, alertó de que esta norma firmada por la presidenta Jeanine Áñez al frente de su Ejecutivo interino «desconoce los estándares internacionales» de los derechos humanos y «estimula la represión violenta».