Lula sale de la cárcel tras un año y siete meses en prisión

La excarcelación tiene lugar tras la decisión del Tribunal Supremo de revocar una ley que envíaba a prisión a los condenados en primera apelación

El abogado de Lula presentó este viernes  la petición para la excarcelación del expresidente, en base a la decisión adoptada por el Tribunal Supremo de Brasil (STF).
El abogado de Lula presentó este viernes la petición para la excarcelación del expresidente, en base a la decisión adoptada por el Tribunal Supremo de Brasil (STF).

Redacción

Lula da Silva abandonó este viernes la cárcel donde cumplía una condena por corrupción desde hacía un año y siete meses, en la ciudad de Curitiba, poco después de que un juez federal ordenará su excarcelación en cumplimiento del reciente fallo del Tribunal Supremo (STF) que establece que los condenados no empiecen a cumplir la sentencia hasta que sea firme. La decisión tiene horas después de que la defensa anunciará que iba a pedir la inmediata excarcelación del expresidente brasileño, preso desde hace un año y siete meses por corrupción y blanqueo de capitales, en base a la decisión judicial.

El jueves el máximo tribunal abrió las puertas de la cárcel a Lula y a miles de presos con apelaciones pendientes. Una decisión que supone un duro golpe para la Lava Jato, la mayor investigación contra la corrupción en Brasil, informa Efe. En un ajustadísimo fallo, definido apenas por un voto (6-5), el Supremo anuló una jurisprudencia que había establecido en el 2016 y con la cual había autorizado ejecutar una pena de prisión después de que se confirmara en segunda instancia, pese a que en esa fase quedaban aún dos apelaciones pendientes en tribunales superiores.

Según la nueva decisión, la prisión solo podrá ordenarse cuando, como establece la Constitución, se complete el «tránsito en juzgado» («cosa juzgada» en español) y se hayan agotado todos los recursos posibles, con lo que la culpabilidad estará plenamente determinada.

El caso Lava Jato

La Lava Jato permitió hace cinco años revelar como empresarios, políticos y directivos de la estatal petrolera Petrobras y otras empresas públicas desfalcaron las arcas de Brasil durante casi una década. Su alcance traspasó incluso las fronteras de país, implicando a líderes de diversos países de Latinoamérica.

Una centena de políticos ha caído en las garras de la Lava Jato en Brasil, entre ellos, dos expresidentes: Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), preso por corrupción y lavado de dinero desde abril de 2018, y Fernando Collor (1990-1992), enjuiciado tras haber sido acusado de recibir sobornos para facilitar contratos en una subsidiaria de Petrobras.

Ahora, los responsables de la Lava Jato temen que la decisión de la máxima corte del país pueda dejar impunes a varios de los acusados.

Impunidad

La decisión del tribunal cayó como un balde de agua fría sobre los integrantes de la Lava Jato, quienes señalaron que la decisión del Supremo debe respetarse pero expresaron su preocupación con el riesgo de que algunos de los casos queden en la impunidad por el número excesivo de recursos que permite la justicia de Brasil.

«La decisión de revertir la posibilidad de arresto en segunda instancia está en contradicción con el sentimiento de repudio a la impunidad y la lucha contra corrupción, las prioridades del país», señalaron los fiscales de la Lava Jato en un comunicado divulgado en la noche del jueves tras conocer la decisión de la corte.

«La existencia de cuatro instancias de juicio, propias de Brasil, asociadas con el número excesivo de apelaciones que superan el centenar en algunos casos penales, resulta en demoras y prescripción, lo que lleva a la impunidad», agregaron.

El exjuez y actual ministro de Justicia, Sergio Moro, quien coordinó los casos de la Lava Jato desde sus orígenes y que se hizo famoso a nivel mundial por poner tras las rejas a Lula aún no se ha manifestado por la decisión del Supremo, pero en varias oportunidades ha defendido públicamente la prisión en segunda instancia.

Al igual que el equipo de la Lava Jato, el ministro ha asegurado que el sistema de recursos que permite la legislación brasileña «favorece la impunidad».

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