Uribe se sienta en el banquillo por primera vez y desata pasiones enfrentadas entre los colombianos

Centro de Bogotá. Palacio de Justicia. Primera hora de la mañana de ayer. Decenas de personas se concentran a las puertas del edificio. Esperan la llegada del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), citado por la Corte Suprema para declarar en una indagatoria, por un caso de supuesta compra de testigos falsos. La locura se desata cuando el político antioqueño se baja de un coche gris. «¡Uribe, Uribe, Uribe», cantan sus seguidores, rodeando al ahora senador más votado del país, líder del partido Centro Democrático (derecha) del actual presidente Iván Duque. A poca distancia se han situado los detractores del exmandatario. También gritan. «¡Uribe genocida!» o «¡Uribe, ‘paraco’, el pueblo está berraco!», lanzan contra la figura más polarizadora del país.

Uribe es, junto a la disuelta guerrilla de las FARC, la figura que más desata las pasiones de los colombianos. Al menos un tercio le adora por haber golpeado con dureza a la insurgencia en su etapa presidencial, cuando llegó a reelegirse por más del 60 % de los votos. Pero levanta odios viscerales por igual. Sus detractores lo acusan de haber sido precursor del paramilitarismo y de crímenes de lesa humanidad, como la masacre de El Aro, por la que ha sido investigado, pero jamás procesado, al no haberse podido probar denuncia alguna.

Por eso, que Uribe se siente, por primera vez, a prestar declaración ante un tribunal, levanta una expectación máxima en Colombia, aunque sea por un caso menor como es el de manipulación de testigos.

Inicio del procedimiento

El proceso comenzó en el 2014 cuando Uribe, ya senador, denunció ante las autoridades al congresista izquierdista Iván Cepeda por estar supuestamente ofreciendo reducciones de condena a exlíderes paramilitares, a cambio de que acusasen al expresidente de espolear a esos mismos movimientos de autodefensa.

Tiene especial relevancia el testimonio del exjefe paramilitar Juan Guillermo Monsalve, hijo del mayordomo de una finca de la familia Uribe. Manifiesta que el exmandatario creó un grupo de autodefensas junto a su hermano y a otros terratenientes.

El caso dio un giro en el 2018, cuando el Supremo desestimó la denuncia de Uribe contra Cepeda, pero, en cambio, comenzó a investigar al expresidente por los mismos delitos: soborno y fraude procesal por presunta compra de testigos. Uribe se habría comunicado, a través de enviados, como su abogado, con exparamilitares para ofrecerles dinero y beneficios judiciales a cambio de que testificasen a su favor, según los investigadores. En contra del ex presidente pesan pruebas como interceptaciones telefónicas legales y hasta registros de consignaciones monetarias.

«Nunca pensé que la defensa del honor, en mi amor a Colombia, de frente y con respeto a los ciudadanos, de acuerdo con la Constitución, me crearan estas dificultades judiciales, que enfrento con espíritu patriótico y con el estímulo solidario de miles de colombianos con quienes tengo gratitud en el alma», dijo Uribe en la víspera de la citación.

Se espera que la corte tarde diez días en decidir qué medidas toma contra Uribe tras escuchar las respuestas del expresidente a un centenar de preguntas.

Hay tres opciones. Una es que la Corte no vea indicios de delito y archive el caso. Es posible también que impute a Uribe de alguno de los dos cargos, pero le permita defenderse en libertad. Los jueces también podrían procesar a Uribe y ordenar su detención, una decisión que supondría un gran terremoto en la política colombiana.

Pase lo que pase, una parte del país acabará eufórica, y la otra, profundamente indignada.

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