Londres ofrece controles flexibles entre las dos Irlandas para salvar el «brexit»

Johnson presentará a la UE una oferta «muy buena» para reemplazar la salvaguarda


londres / e. la voz

Aunque Londres y Bruselas se comprometieron a evitar que el brexit trajera consigo el restablecimiento de una frontera entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte, parece que será imposible, y así lo dejó claro el primer ministro británico, Boris Johnson, quien admitió que tras la salida de la UE algún tipo de control limítrofe se deberá levantar en la isla vecina. «Un país unido y soberano debe tener un único sistema aduanero», soltó el premier en una entrevista a la BBC, en la que aclaró: «Hay muchas formas en las que podemos facilitar el comercio entre el norte y sur [de Irlanda]».

Las palabras de Johnson dejan entrever que el establecimiento de controles de mercancías entre las dos Irlandas figura en la propuesta que en las próximas horas prometió entregar a Bruselas como alternativa a la salvaguarda (backstop) que tanto critica, con el fin de lograr una salida pactada del club comunitario.

El diario londinense The Daily Telegraph aseguró haber tenido acceso al borrador de la propuesta británica, que incluye, según este medio, la creación de centros aduaneros lejos de la frontera entre los dos territorios para que los trámites de aduana de las mercancías se hagan a través de dispositivos móviles fijados en los vehículos o con la ayuda del sistemas de navegación (GPS).

Sin embargo, en la entrevista a la BBC Johnson desmintió que esto último figure en los papeles remitidos a la UE, de cara al crucial Consejo Europeo de los próximos 17 y 18 de octubre; y sin entrar en detalles afirmó que su alternativa busca crear «un territorio único para la agricultura, las industrias agroalimentarias, sanitarias y fitosanitarias, lo que constituye una concesión importante del Gobierno británico».

Desde Dublín cuestionaron la idea. «Irlanda del Norte y la República de Irlanda merecen algo mejor», espetó el viceprimer ministro irlandés, Simon Coveney.

Existe el temor de que el eventual restablecimiento de una frontera entre las dos Irlandas sirva de excusa para un resurgimiento de la violencia sectaria a la que los acuerdos de Viernes Santo de 1998 pusieron fin.

Al ala euroescéptica del Partido Conservador no le satisface siquiera tener a uno de los suyos en el 10 de Downing Street y por ello en el congreso de la formación que se celebra en Manchester, algunos de ellos han amenazado con votar en contra de cualquier acuerdo que el Gobierno británico llegue con la UE.

«No quiero nada más que ver levantarse el sol el 1 de noviembre en un país libre», declaró el diputado Mark Francois, uno de los 30 parlamentarios conservadores que se han autodenominado como los espartanos y que podrían hacer la vida a Johnson tan amarga como antes a Theresa May. El acuerdo que esta negoció con la UE en el 2018 para ejecutar el brexit fue rechazado en el Parlamento en tres ocasiones no solo gracias a los votos de la oposición, sino también de parte de los diputados conservadores.

Otra batalla judicial

También en la convención tory, el líder del grupo parlamentario gubernamental, Jacob Rees-Mogg, afirmó que el Gobierno «cumplirá» la ley que lo obliga a solicitar a Bruselas una nueva prórroga si no hay acuerdo en el próximo Consejo Europeo, pero advirtió que la concesión del aplazamiento ya no depende del Reino Unido. Estas declaraciones han aumentado las sospechas de que Johnson podría provocar a sus aún socios para evitar que le dieran más tiempo, en caso de fracasar las actuales negociaciones.

Para evitar un eventual desacato por parte del Ejecutivo, un grupo de ciudadanos solicitó a la Justicia escocesa que ordene al Ejecutivo cumplir la norma y se espera que el viernes se celebre una vista sobre el asunto.

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El Partido Conservador quiere enterrar definitivamente la era de la austeridad. Así lo dejó claro en el segundo día de su convención anual, en el que presentó un ambicioso plan económico, digno de una más que segura campaña electoral, que incluye elevar el salario mínimo nacional y un paquete de 500 millones de libras (564 millones de euros) para combatir la desigualdad juvenil.

Durante su intervención ante los delegados reunidos en Mánchester, el ministro de Finanzas, Sajid Javid, abogó por reducir la brecha económica entre generaciones y aseguró que el Reino Unido necesita «darle a los jóvenes el mejor inicio para su vida».

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