El polvorín de las superpobladas cárceles brasileñas

Crímenes y torturas están a la orden del día en los penales del país sudamericano que cuentan con más de 810.000 presos

Familiares entierran a una las 58 víctimas asesinadas en la rebelión de presos de Altamira, ocurrida a principios de mes.
Familiares entierran a una las 58 víctimas asesinadas en la rebelión de presos de Altamira, ocurrida a principios de mes.

Brasilia / Corresponsal

Dos días después de la muerte de 58 presos de la cárcel de Altamira, a principios de mes en el norteño estado brasileño de Pará, la prensa informaba de la desesperación de los familiares a la puerta del presidio, mientras el mal olor de los cuerpos impregnaba el ambiente y los urubus (una especie local de buitre) planeaban el lugar. Cuando al presidente Jair Bolsonaro le pidieron al fin una manifestación sobre la matanza después de su silencio, dijo con desdén: «Que le pregunten a los familiares qué les parece». La salvaje pelea entre bandas vuelve a evidenciar la crítica situación del hiperpoblado sistema penitenciario brasileño y, al mismo tiempo, el muy delicado equilibrio de la nueva Administración entre su mano dura contra la delincuencia y el respeto a los derechos humanos, una expresión que Bolsonaro y sus más acérrimos seguidores consideran parte de la dialéctica marxista que corrompió el país.

El pasado lunes, una encerrona de miembros del Comando Classe A (CCA) para atacar a integrantes del Comando Vermelho (grupo de Río de Janeiro que quiere controlar el narcotráfico por el norte del Brasil desde Colombia y Perú) dejó 58 muertos, 16 de ellos decapitados. Es la segunda mayor matanza de la historia carcelaria del país, por detrás de los 111 muertos en Carandiru (São Paulo) en 1992. Dos días después, el gobierno brasileño a través del ministerio de Justicia (que tiene las competencias de las prisiones federales) decidió colocar a 40 de los cabecillas en cárceles de todo el país. En uno de los traslados, cuatro presos murieron asfixiados, en circunstancias sin aclarar. «Esas cosas pasan», analizó Bolsonaro.

El Conselho Nacional de Justiça ya había avisado: la prisión de Altamira, con capacidad para 200 internos, retenía a 311 personas, de las cuales 145 aún estaban a la espera de juicio. La situación es reflejo de lo que sucede en todo Brasil: con 812.000 presos, es la tercera mayor población carcelaria del mundo, solo por detrás de Estados Unidos y China, y casi la mitad de ellos están a la espera de juicio. Las cárceles superan su capacidad a un ritmo del 8,3 % al año, según el Departamento Penitenciário Nacional, la mayoría de ellos jóvenes negros de ambientes empobrecidos. Y aún hay pendientes más de 300.000 peticiones de encarcelamiento.

El panorama no tiene un horizonte esperanzador. «Las bandas se aprovechan de la abundante oferta de mano de obra del sistema penitenciario para ganar espacio y ampliar su poder», diagnosticó el presidente del Tribunal Supremo, Dias Toffoli, meses después de que la misma instancia asegurase que la situación de las cárceles brasileñas se asimilase a un «estado de inconstitucionalidad» en lo relativo a los derechos de los presos y la falta de soluciones de las diversas administraciones.

La llegada de Bolsonaro no ha ayudado. Primero, porque el presidente no cree demasiado en los derechos humanos. «El preso tiene que ser obligado a trabajar» y «Con nosotros no habrá ese politiqueo de derechos humanos que hacen las oenegés» son dos de sus grandes éxitos sobre el tema. La aprobación por decreto de cambios en el Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura no ayuda, según denunció Amnistía Internacional tras la carnicería de Altamira. Sólo en las cárceles de Río de Janeiro se registraron tres denuncias diarias por torturas en los últimos 10 meses.

La nueva Ley contra el Crimen, uno de los proyectos estrella del ahora cuestionado Sergio Moro, permite la figura de la admisión de culpa para reducir la pena, lo que no cuadra con reducir la población carcelaria. Más drástica parece la solución preferida por Bolsonaro y el gobernador de Río,Wilson Witzel: el permiso para matar a los policías en acto de servicio. «¿No había nadie con una pistola para darle un tiro?», protestó el presidente ante la noticia de un vagabundo que acuchilló a varias personas en Río de Janeiro.

Otra solución habitual que se maneja cada vez que hay una matanza similar es la de privatizar las prisiones. São Paulo, el estado más rico de Brasil, ha anunciado que sus nuevas cuatro cárceles serán gestionadas por una empresa. Pero en Amazonas, donde hay un 484 % de superpoblación en las cárceles, han muerto 101 presos en centros privatizados.

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