El Supremo acata una petición de Lula y suspende su traslado a «la cárcel de los famosos»

La defensa de Lula da Silva consiguió frenar el traslado del expresidente desde Curitiba a una cárcel del estado de São Paulo, tras acudir este miércoles al Tribunal Supremo tras la medida tomas por una jueza de primera instancia. 

Lula da Silva iba a ser transferido a la llamada «cárcel de los famosos» de Tremembé, en el interior del estado de São Paulo,  para cumplir lo que le queda de la condena de ocho años por haber recibido  un apartamento en la costa de Guarujá a cambio de contratos en Petrobras. La decisión era vista por la defensa de Lula y su partido, el PT, como una nueva ofensa contra el expresidente en su calvario judicial.

Lula lleva 488 días en un cuartucho de la sede de la Policía Federal en Curitiba, a falta de un lugar más adecuado. La jueza que se encarga de gestionar todo lo relativo a la retención del expresidente, Carolina Lebbos, ha aceptado la petición de la autoridad policial de trasladar a Lula «por el continuo y creciente prejuicio al interés público» de mantener a un expresidente en un edificio administrativo. Por eso, Lebbos ha firmado la orden de enviar a Lula a São Paulo, el estado donde residía, y a la cárcel de Tremembé, conocida por no estar superpoblada (una anomalía en el sistema carcelario brasileño) y por acoger a presos de casos de relevancia nacional, como famosos, políticos o empresarios. 

Prisión domiciliaria

Después de haberse beneficiado de una reducción de pena de algo más de un año, a Lula le queda poco para poder acogerse a una prisión domiciliaria, a no ser que sea condenado en algún otro caso. La defensa del exdirigente izquierdista, que siempre ha sostenido su inocencia y se considera un preso político, ha criticado la decisión de Lebbos. «Es un nuevo acto de coacción ilegal», afirman los abogados, que critican además que Lula no sea ubicado en unas dependencias acordes a su estatus de expresidente y excomandate supremo del Ejército.

«Otro gesto de persecución política», sostiene el PT aludiendo a que el órgano que solicitó el traslado (la Policía Federal) depende directamente de Sergio Moro, el exjuez que condenó a Lula y actual ministro de Justicia.