Su última diana es el congresista afroamericano Elijah Cummings
31 jul 2019 . Actualizado a las 05:00 h.Están muy contentos con él. Solo obtuvo un 8 % de los votos de la minoría afroamericana en las elecciones del 2016, pero Donald Trump aseguró ayer que la Casa Blanca no deja de recibir llamadas de afroamericanos que «están tan contentos» con el presidente que levantan el teléfono y envían correos electrónicos y cartas para agradecerle que «finalmente alguien está diciendo la verdad». Verdades trumpianas en las que, curiosamente, se emplea el calificativo «infestado» para referirse a lugares de mayoría negra, ya sean países africanos o una ciudad de Estados Unidos como Baltimore, epicentro de sus últimas arremetidas. Casualidad, porque, en sus propias palabras, es «la persona menos racista del mundo». Lo cual, por definición, incluye al menos una pequeña cuota de racismo.
Mientras se debate acaloradamente sobre si Trump es o no racista (lo que genera verdaderas contorsiones retóricas entre sus aliados republicanos), la otra discusión en paralelo es si sus ataques forman parte de una estrategia y si esta va a resultarle efectiva de cara a la reelección en el 2020. Teniendo en cuenta que el 89 % de los afroamericanos votó por Hillary Clinton en el 2016, no hay mucho riesgo por ese lado y sí bases a las que mantener en tensión ante una previsible subida del voto demócrata el año próximo. Está por ver, eso sí, que la virulencia de sus ataques alcance para ampliar sus expectativas electorales más allá de la población rural y blanca que fue su pilar electoral.
Políticos «radicales»
Tanto en el caso de los ataques a las cuatro congresistas «socialistas» a quienes invitó a marcharse «a los lugares de donde vienen» (pese a que todas ellas son estadounidenses y tres nacidas en el país, aunque ninguna caucásica) como en su furia contra Elijah Cummings, un veterano congresista afroamericano que representa en el Congreso a un distrito de Baltimore (ciudad en la que el presidente recibió solo un 10 % de votos en el 2016 y a la que este fin de semana definió como «un desastre asqueroso infestado de ratas»), Trump apunta contra elementos demócratas que los republicanos (y el establishment demócrata) perciben como radicales. En el caso de Cummings, dispara además contra un político que preside uno de los comités de la Cámara de Representantes que indaga en sus finanzas.
En caso de haberla, esa es la estrategia: vincular al Partido Demócrata con una cultura política calificada a menudo de «comunista» en un país en el que la socialdemocracia a la europea adquiere matices venezolanos. Como defensa frente a las acusaciones de racismo, Trump se remite a la baja tasa de desempleo entre los afroamericanos o a la reforma del sistema penal que el Congreso aprobó con apoyo bipartidista a finales del año pasado.
Siendo cierto que la reforma puede beneficiar a la población negra, castigada con especial dureza por un sistema muy punitivo, la nueva ley se aplica solo en el sistema de prisiones federal, donde apenas se encuentra un 8 % del total de la población reclusa. Además, el Partido Republicano impidió que una reforma parecida se aprobara bajo el mandato de Barack Obama, de quien Trump puso en duda en su día que hubiera nacido en EE.UU.
El cerebro del 11-S se ofrece a declarar contra Arabia Saudí si no le aplican la pena de muerte
Casi 18 años después de los ataques del 11 de septiembre, que dejaron cerca de 3.000 víctimas mortales, siguen abiertos diversos procesos legales vinculados con los atentados. Uno de ellos es la demanda interpuesta en un tribunal de Nueva York contra Arabia Saudí por un grupo de víctimas. Aunque, como dijo en el Congreso el senador demócrata Richard Blumenthal, «existen numerosas pruebas de que [Arabia Saudí] ayudó y fue cómplice» del 11-S, el país árabe mantiene relaciones privilegiadas con Estados Unidos, incluso después del brutal asesinato en el consulado saudí de Estambul hace unos meses del periodista Jamal Khashoggi. Sin embargo, los demandantes podrían contar con una ayuda inesperada: la del supuesto autor intelectual de los atentados.
Según avanzó el diario The Wall Street Journal, Khaled Sheikh Mohamed, detenido en el 2003 en Pakistán y preso en Guantánamo desde el 2006, puede que esté dispuesto a ayudar con su testimonio si el Gobierno le garantiza que no recibirá la pena de muerte. Según recoge un documento judicial, su abogado apuntó que «en ausencia de una potencial sentencia de muerte sería posible una cooperación mucho mayor». Uno de los abogados de Ali Abdul Aziz Ali, preso igualmente en Guantánamo y sobrino de Mohammed, dijo que este último «está preparado y deseoso» de ayudar en Nueva York. Sospechoso también del asesinato del periodista Daniel Pearl, decapitado en Pakistán en el 2002, Khaled pidió en el 2008 el «martirio» durante una de las audiencias de su juicio en Guantánamo. Aparentemente la muerte ya no es el objetivo de quien, según el Ejército estadounidense, admitió haber preparado los ataques.