Moro quiere deportar de Brasiel al periodista que filtró sus chats

El ministro de Justicia de Bolsonaro exhibe una reforma de la Ley de Inmigración para poner en marcha una expulsión exprés

Sergio Moro, ministro de Justicia de Brasil
Sergio Moro, ministro de Justicia de Brasil

BRASILIA / CORRESPONSAL

El caso de las conversaciones filtradas entre el ahora ministro de Justicia brasileño, Sergio Moro, y fiscales e investigadores de la operación Lava Jato sufrió un nuevo giro de tuerca al presentar el político una reforma de la Ley de Inmigración que permite la expulsión exprés de extranjeros a los que se considere «personas peligrosas». Glenn Greenwald, el periodista que publicó los mensajes que comprometen la imparcialidad de Moro en su etapa como juez, es estadounidense pero casado con un político brasileño, junto al que adoptó dos hijos. Es difícil, por lo tanto, que Greenwald pueda ser alcanzado por la nueva norma, que se cocina desde el 2017. Pero hay resquicios y, sobre todo, el anuncio volvió a tener un precio político sobre Moro, ya que muchas voces cuestionan la constitucionalidad de la medida.

Los matices a la Ley de Inmigración dicen que no tiene sentido esperar 60 días para analizar si se impide a un extranjero quedarse o entrar en el país si hay, por ejemplo, datos de una agencia de inteligencia nacional o extranjera sobre el sospechoso, o si hay una investigación criminal en curso, brasileña o no. Ni tampoco si hay o hubo relación con tráfico de armas, de personas, asociación criminal o, especialmente, terrorismo. Es por ahí por donde Moro puede estar amoldando la legislación al caso de las filtraciones, calificadas como un peligro para la seguridad nacional.

Esta decisión de Moro, como lo que se ve en las conversaciones filtradas, juega de nuevo con los límites de la Constitución brasileña. Algunos expertos creen que la competencia para decidir quién es digno de quedarse em Brasil no corresponde al ministerio de Justicia. Tampoco compete a Moro la decisión anunciada por él de destruir los mensajes interceptados por la policía federal en la operación que detuvo a cuatro supuestos hackers esta semana, tan criticada que hasta motivó un tirón de orejas del presidente Bolsonaro: «No le corresponde a él esa decisión, estoy seguro de que hará lo que manda la ley».

La oposición y parte del mundo jurídico presiona a Moro por estas actuaciones, mientras siguen trascendiendo detalles de la declaración de los presuntos hackers. El cabecilla asegura que la última candidata de la izquierda a la vicepresidencia de Brasil, Manuela D’Ávila (Partido Comunista), le dio el contacto telefónico de Glenn Greenwald. La política reconoció la gestión, pero no que fuera Walter Delgatti, el cabecilla de los cuatro sospechosos de robar los datos a Moro, Bolsonaro y otras autoridades.

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