La Justicia brasileña investiga a cuatro «hackers» por acceder a los teléfonos de Bolsonaro y Moro

La Policía Federal brasileña detuvo el martes a cuatro sospechosos de invadir los teléfonos móviles de altas autoridades del país

Bolsonaro y Moro, en la ceremonia del 154 aniversario de la batalla naval de Riachuelo
Bolsonaro y Moro, en la ceremonia del 154 aniversario de la batalla naval de Riachuelo

brasília / e. la voz

La Policía Federal brasileña detuvo el martes a cuatro sospechosos de invadir los teléfonos móviles de altas autoridades del país, como el presidente Jair Bolsonaro, su ministro fetiche y responsable de Justicia, Sergio Moro, o el ministro de Economía, Paulo Guedes. Un episodio más de la tormenta política que desató la web The Intercept a principios de junio al publicar miles de mensajes intercambiados por Moro con fiscales y responsables de la investigación de la operación Lava Jato, y que ponen en solfa la imparcialidad del entonces juez y símbolo de la regeneración moral del país en el caso que encarceló, entre otros, a Lula da Silva.

La Justicia brasileña busca ahora el rastro del dinero de los supuestos hackers, mientras la oposición sospecha del perfil bajo de los arrestados, habla de «farsa» y acusa a Moro de «intentar involucrar al PT» en el caso. 

Perfil de los detenidos

La ciudad de Araraquara (São Paulo) es el nexo en común entre Walter Delgatti Neto (considerado cabecilla de los arrestados), un timador de poca monta que presumía de tener amigos poderosos y una cuenta en Suiza; Danilo Marques, conductor de Uber; Gustavo Santos, un DJ con historial policial por robar un coche; y la mujer de este, Suellen de Oliveira, que trabaja haciendo pedicuras. El Ministerio de Justicia, a petición de Moro, ha pedido a la policía que investigue movimientos sospechosos de 150.000 euros en las cuentas de los arrestados, por si llevaran al autor intelectual de la filtración de las conversaciones que comprometen a Moro.

La Policía no ha afirmado que los supuestos hackers sean los autores del robo de los datos que ha ido publicando The Intercept. Pero Moro considera el caso una amenaza a la «seguridad nacional», tras confirmar que incluso el móvil de Bolsonaro fue atacado. En sus primeras comunicaciones, la Policía hablaba de los métodos «rudimentarios» del supuesto hackeo, que se completó cuando los usuarios recibieron una llamada de su propio número. Esto, unido al perfil de los detenidos, desató acusaciones de «farsa» entre miembros de la oposición, como Paulo Pimenta, líder del Partido de los Trabajadores (PT) en el Congreso.

El PT acusa, además, a Moro de querer «implicar al partido en el caso» después de que el abogado de uno de los arrestados pusiera en boca del cabecilla, que su intención era vender los datos robados al partido. Delgatti también aseguró, según ese testimonio, que conocía a Glenn Greenwald, el periodista que ha publicado las polémicas conversaciones de Moro y el fiscal Dallagnol.

La lucha política en Brasil desde el 2014 profundiza en el debate del fondo y las formas. Así, Moro (que en el 2016 filtró unas escuchas telefónicas a Lula y a Dilma para impulsar el impeachment contra ella) quiere frenar la polémica que le cerca atacando a cómo fueron obtenidos los mensajes, sin poder negar su autenticidad. Las formas son, precisamente, lo que queda más expuesto en la condena del exjuez a Lula, porque en esas filtraciones no hay pruebas de que el expresidente fuera encarcelado en base a acusaciones fabricadas. A eso se acoge aún a día de hoy la defensa del gran líder de la izquierda.

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