La Administración Trump quiere acabar con el derecho de asilo

Emite una directiva que obligará a los centroamericanos a pedir refugio en un país de paso antes de llegar a Estados Unidos

Migrantes centroamericanos aguardan para formalizar su petición de asilo en Tapachula (México)
Migrantes centroamericanos aguardan para formalizar su petición de asilo en Tapachula (México)

Washington / E. La Voz

Donald Trump lanza un nuevo torpedo contra el derecho de asilo. Estados Unidos rechazará a partir de hoy a los emigrantes que lleguen pidiendo refugio si no lo han solicitado previamente en otro país durante el camino, con independencia de que lo hagan en la aduana o entrando de forma irregular. La directiva, publicada ayer por los departamentos de Seguridad Nacional y Justicia, está diseñada de manera específica para aplicarse en la frontera con México y detener de forma drástica el flujo migratorio procedente de Centroamérica. Viola la ley internacional de asilo y, muy probablemente, la propia ley estadounidense.

La decisión implica que la Casa Blanca considera que de camino a su frontera existen países que pueden ofrecer las mismas garantías que Estados Unidos en materia de seguridad y respeto a los derechos humanos. Sin embargo, al contrario que en el caso de Canadá, ninguno de sus vecinos del sur tiene firmado un acuerdo de tercer país seguro con los estadounidenses , tal y como exige el Estatuto de los Refugiados de la ONU y la ley federal, por lo que la puesta en práctica de la directiva supone una imposición unilateral. Una vez se ponga en práctica, impactará sobre todo en el derecho de asilo de los ciudadanos de Honduras, El Salvador y Guatemala, los tres países de los que huyen la mayoría de quienes llegan a Estados Unidos. La medida solo admite unas pocas excepciones, como que se demuestre la denegación de asilo en otro país o si se prueba ser víctima del tráfico de personas. 

Cobijo a los solicitantes

México será el país más afectado. Desde hace unas semanas, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador acepta dar cobijo a quienes solicitan asilo en los Estados Unidos mientras se resuelven sus casos en los tribunales norteamericanos. Además, ayer estaba prevista la visita a la Casa Blanca del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, con el objetivo de firmar un documento por el que su país aceptaba ser considerado tercer país seguro. Irónicamente, de los tres Estados de Centroamérica, el suyo es del que huye un mayor número de personas. El encuentro quedó suspendido tras una resolución del Tribunal Constitucional de Guatemala que insta a Morales a pasar previamente por el Congreso de su país.

El secretario de Seguridad Nacional en funciones, Kevin McAleenan, señaló en un comunicado que esta norma estará en vigor hasta que «el Congreso actúe». El presidente ha insistido de forma repetida en que el Capitolio debe reformar las leyes migratorias para solucionar «el problema de los vacíos legales» que son, en su opinión, una invitación al abuso del derecho de asilo. 

La Unión Estadounidense por las Libertades Cívicas, una de las organizaciones de defensa de los derechos civiles más importantes de Estados Unidos, afirma que la norma es «evidentemente ilegal» y anunció que impondrá una demanda inmediata contra la nueva orden de la Administración Trump. Se trata, según esta organización, de un intento de «revertir de manera unilateral el compromiso legal y moral de nuestro país para proteger a quienes huyen del peligro».

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