El Supremo impide a Trump su intento de «purificar» el censo, clave para votar

El presidente no podrá preguntar sobre la ciudadanía, lo que le hubiese beneficiado al desincentivar a millones de personas

Trump dice adiós a su polémica propuesta de depurar el censo electoral
Trump dice adiós a su polémica propuesta de depurar el censo electoral

washington / e. la voz

Donald Trump recula. Es decir, cumple una sentencia judicial. En otras circunstancias no debería ser noticia, pero el presidente había convertido en algo personal la batalla por incluir una pregunta sobre el estatus de ciudadanía en la próxima encuesta del censo. Quizá para su sorpresa, el Tribunal Supremo, máxima instancia judicial del país -en la que ya ha colocado a dos jueces afines-, le dijo que la razón que su Administración daba para hacerlo no era creíble, que sus argumentos eran «forzados», por lo que sentenció que, a falta de mejor justificación, no podía hacer esa pregunta en la encuesta. Y aún así, Trump se negó a tirar la toalla, generando un caos considerable incluso entre su equipo de abogados, que no sabía a qué atenerse. Hasta el jueves, en que salió al Rose Garden de la Casa Blanca para anunciar que ceja en su empeño.

Estados Unidos actualiza el censo cada diez años y en el próximo toca renovar. El objetivo no es otro que contabilizar el número de personas que residen en el país. ¿Por qué incluir una pregunta sobre el estatus de ciudadanía es problemático? Porque ejercería un efecto disuasorio sobre muchas personas que podrían decidir no contestar. Según estimaciones, alrededor de 7 millones de personas declinarían participar. Entre otros, inmigrantes en situación irregular. La consecuencia sería un censo fallido. Y un censo fallido afecta tanto a la distribución de partidas presupuestarias como a la representación política de los diferentes distritos electorales del país. 

Reducción presupuestaria

Si se reduce el censo de población en una determinada región, se reduce también el presupuesto que se destina para sus gastos en salud, educación, infraestructuras, etcétera. A menor número de personas contabilizadas, el distrito electoral que lo representa pierde escaños en la Cámara de Representantes del Congreso. No así en el caso del Senado, que cuenta con dos senadores por cada estado del país, con independencia del número de habitantes.

El Gobierno defendió ante el Supremo que el objetivo último de la inclusión de la pregunta sobre ciudadanía era garantizar la protección del derecho de las minorías al voto. Un argumento que el tribunal no se creyó, máxime cuando el objetivo real del presidente, tal y como él mismo confirmó una vez más durante su comparecencia del jueves, es que la información resultante del censo podría servir para «delinear los distritos legislativos estatales y locales en base a la población elegible para el voto». En la actualidad, es el número de población, y no el de personas con derecho al voto, el que determina el dibujo del mapa electoral.

Un mapa electoral basado solo en el estatus de ciudadanía y, por lo tanto, en el número de personas con derecho al voto beneficiaría al Partido Republicano. Los distritos con mayor número de población sin derecho a voto están en los suburbios de las ciudades, que tienden a votar demócrata, por lo que los distritos rurales, de mayoría blanca y voto republicano, ganarían representación. Por eso, a pesar de acatar la sentencia del Supremo, el presidente emitió una orden ejecutiva que obligará a los diferentes departamentos y agencias gubernamentales a cruzar sus datos con el propósito de conseguir la información sobre ciudadanos y no ciudadanos. Queda por ver la viabilidad de trazar un mapa preciso del país a través de este método, y ni siquiera está claro si la Constitución permite organizar los distritos electorales en base al estatus de sus habitantes.

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