Denuncian abusos sexuales a menores migrantes en centros de Estados Unidos

Un nuevo informe detalla tocamientos y represalias frecuentes de los agentes


Washington / e. la voz

Ya advirtió Donald Trump hace unos días que los agentes de la patrulla fronteriza «no son trabajadores de hospital, ni médicos ni enfermeros», pero cada nuevo detalle sobre la situación de los inmigrantes en los centros de detención gestionados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en las siglas en inglés) resulta más doloroso. El último procede del que la agencia gestiona en Yuma, Arizona, donde al menos una hondureña de 15 años ha denunciado que fue agredida sexualmente de manera reiterada por parte de uno de los agentes y otros menores afirman que sufrieron represalias.

El caso de la menor de Honduras, de la que se desconoce su identidad, aparece recogido en informes de trabajadores sociales del Gobierno filtrados a la cadena NBC. Los hechos se produjeron en abril y los denunció en junio, ya fuera de Yuma y bajo custodia del Departamento de Salud y Servicios Sociales (HHS).

Ante varios testigos

La adolescente relató que un agente metió su mano bajo el sujetador, le bajó la ropa interior y la toqueteó en lo que, aparentemente, terminó siendo un cacheo rutinario delante de otros migrantes y funcionarios. Según se lee en el informe, el agente conversaba y reía con sus compañeros mientras abusaba de ella.

Un muchacho de 16 años de Guatemala explicó que, como castigo por quejarse a los agentes del sabor del agua y de la comida que les proporcionaban, les retiraron las colchonetas y les obligaron a dormir sobre el suelo de hormigón. Otro describió la comida como «asquerosa y fría la mayor parte del tiempo». A un guatemalteco de 17 años le obligaron a dormir al raso a pesar de que su ropa estaba mojada. Y un hondureño de la misma edad detalló cómo los agentes les gritaban si se acercaban a una ventana y les insultaban llamándolos «puto».

A principios de este mes, un informe solicitado por el Departamento de Seguridad Nacional describía y documentaba celdas saturadas con el doble o más de personas de las permitidas, falta de acceso a duchas, ropa limpia e incluso alimentos, detectadas durante las visitas a varios centros del valle de Río Grande, en Texas. Algunas de esas situaciones, como la falta de duchas, se repiten en Yuma, donde todos los niños entrevistados habían sobrepasado las 72 horas de detención que permite la ley.

Durante el mes de junio, las autoridades aduaneras estadounidenses detuvieron a 104.344 personas en la frontera con México, un descenso del 28 % respecto a mayo, cuando se superaron las 140.000, la mayor cifra en lo que llevamos del 2019. Son, sin embargo, más del doble de las que fueron apresadas en junio del 2018. En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se congratula de la caída porque, explican, les proporcionará «mayores oportunidades para que el DHS aborde los problemas de capacidad» de los centros, así como la velocidad con la que se procesará a los menores no acompañados.

El descenso coincide con el endurecimiento de las políticas migratorias en México y con la llegada del verano, época que suele favorecer una caída del número de migrantes.

La ruta hacia el norte, un camino sin vuelta atrás

Alberto Pradilla

Josué Benjamín tiene 17 años y es de Ciudad Arce, un municipio a 40 kilómetros de San Salvador. «No hay trabajo, apenas te pagan cinco dólares por jornada», se queja, mientras descansa en Huixtla (Chiapas). La falta de empleo es el motivo que le llevó a dejar su país y probar suerte en la ruta hacia EE.UU. Ciudad Arce está controlada por la Mara Salvatrucha (MS-13), que junto al Barrio 18 es una de las dos pandillas que operan en Centroamérica, sur de México y EE.UU. Pero el problema de Benjamín no es la violencia, sino la escasez. «Los pandilleros no molestan, solo la policía», dice.

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