El duro informe de Bachelet obliga a Maduro a liberar a 22 presos políticos

Pedro garcía otero CARACAS / CORRESPONSAL

INTERNACIONAL

Reuters

La ONU acusa al régimen venezolano de aplicar «torturas como patrón de Estado»

06 jul 2019 . Actualizado a las 09:07 h.

La contundencia del informe de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, que dirige Michel Bachelet, sobre Venezuela ha obligado al régimen de Nicolás Maduro a ordenar la excarcelación de 22 presos políticos, entre ellos la jueza María Lourdes Afiuni, detenida en el 2009 por orden de Hugo Chávez y que podría haber optado a libertad condicional hace 6 años, y el periodista Braulio Jatar, arrestado en el 2016 tras cubrir una protesta contra Maduro.

El informe señala que «la tortura es patrón de Estado» y que el régimen de Maduro ha cometido «múltiples violaciones a los derechos humanos», además de responsabilizarlo de la emergencia humanitaria que vive el país.

El régimen de Maduro, que había prometido a Bachelet acceso de la ONU a los calabozos de sus tenebrosas policías políticas -el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim)-, rechazó el informe, que fue aplaudido por la oposición.

El presidente del Parlamento, Juan Guaidó, señaló que el informe «recoge ampliamente el sufrimiento» de la población venezolana y confirma las denuncias que ha hecho la oposición durante años. Según Guaidó, varios presidentes lo han llamado «escandalizados» por las denuncias que recoge el texto, basado en 558 entrevistas a víctimas de violaciones de derechos humanos.

El régimen de Maduro, en un comunicado, denunció «incontables imprecisiones, errores, descontextualizaciones y falsas interpretaciones», con «una visión distorsionada, resultado de las debilidades de la metodología para su elaboración» que excluyó «casi totalmente la versión oficial», para favorecer a «fuentes carentes de toda objetividad», en referencia a las víctimas.

El informe se publica, además, en un momento en el que el régimen está bajo presión por el brutal asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, supuestamente molido a golpes en los calabozos de la Dgcim apenas una semana después de la visita de Bachelet a Venezuela.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, reaccionó al informe de su antecesora en ese cargo señalando que «debe ser llevado a la Corte Penal Internacional» para que inicie un proceso contra Maduro. En el mismo sentido se pronunció la canciller canadiense, Chrystia Freeland.

Piñera reclama que se inicie un proceso contra el líder chavista en la Corte Penal Internacional Mientras, en Caracas, se consideraba que las medidas a favor de 22 detenidos del régimen de Maduro suponen un intento de maquillar el impacto que ha representado el informe de la ONU. El abogado Eduardo Trujillo, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, señaló que las medidas cautelares a 22 presos políticos «son una muestra más de que en Venezuela el poder judicial no es independiente». Además, aclaró que las medidas otorgadas a los presos políticos no pueden ser calificadas de liberación, pues los detenidos permanecen con medidas cautelares, pero se les han suavizado.

Hablando a los militares

Mientras, al grito de «Seguimos en la calle aunque nos quieran ciegos», miles de manifestantes de la oposición repudiaron, en distintos puntos del país, el asesinato de Acosta Arévalo, y exigieron, en el Día de la Independencia de Venezuela, respeto a los derechos humanos.

Miles de personas salieron a la calle en protesta por el asesinato del capitán Acosta Los cantos de los manifestantes hacían mención a Rufo Chacón, el joven de 16 años que quedó ciego esta semana por los perdigones que le dispararon a la cara funcionarios de la Policía Nacional cuando protestaba por la escasez de gas en el estado Táchira, en el suroeste del país. En Caracas, la protesta ayer tenía como punto de llegada la sede de la Dgcim, el lugar en el que supuestamente fue asesinado el capitán de corbeta, pero vehículos antimotines impedían el acceso al edificio, en una zona industrial al nordeste de la capital.

El presidente del Parlamento pidió a los manifestantes que no enfrentaran a las fuerzas de seguridad. «Hoy no es día de confrontación, sino de hacerles entender a los militares que ellos también son parte del cambio (...) esta generación de venezolanos no nació para vivir en dictadura», señaló.