Salvini declara la guerra a jueces proinmigrantes con sentencias contra su decreto
INTERNACIONAL
Ha solicitado una investigación sobre las posiciones políticas de los magistrados de Florencia y Bolonia
06 jun 2019 . Actualizado a las 05:00 h.El ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, ha declarado la guerra a los jueces de los tribunales de Florencia y Bolonia que en las últimas semanas han dictado sentencias contra el decreto de seguridad que limita la acogida de los inmigrantes. En un nota interna, ha solicitado una investigación sobre las posturas políticas y personales de los magistrados, y que se examinen sus relaciones de «cercanía y colaboración con quien defiende a los inmigrantes contra el Viminal [sede de Interior]».
No le ha gustado nada a Salvini la sentencia del Tribunal Administrativo de Florencia (TAR) que el martes pasado rechazó la ordenanza que establece en las ciudades una serie de «zonas rojas» de las que alejar a traficantes, vagabundos y todos aquellos que degradan el lugar, y en las que la autoridad del alcalde puede ser sustituida por el prefecto de policía. Su primera reacción ha sido la de presentar un recurso ante el Consejo de Estado, máximo órgano judicial, y encargar a los abogados del Estado comprobar «si los magistrados que han dictado la sentencia tendrían que haberse abstenido por tener posiciones contrarias a la política de seguridad del Gobierno».
Tres señaladas
En el punto de mira del ministro están sobre todo las juezas Rosaria Trizzino, que preside el TAR; Matilde Betti, presidenta del tribunal civil de Bolonia, y Luciana Breggia. El pecado de esta última, titular de un tribunal florentino, es excluir a Interior de un juicio sobre la inscripción de un inmigrante en el padrón. Una decisión que fue duramente criticada por Salvini. Trizzino preside el tribunal que ha anulado las «zonas rojas», mientras Betti rechazó en marzo un recurso del ministerio contra la decisión de otro juez que permitió registrarse en el padrón a dos extranjeros.
En Interior están mirando con lupa sus intervenciones públicas, sus opiniones en revistas o sus contactos con la Asociación de estudios jurídicos para la inmigración. La Asociación Nacional de Magistrados ha salido en defensa de las juezas y ha solicitado su tutela al Consejo Superior de la Magistratura para que garantice «la autonomía e independencia».