Jesús Santrich, exguerrillero de las FARC
23 may 2019 . Actualizado a las 05:00 h.El caso Santrich ha creado una crisis institucional en Colombia y amenaza el futuro del pacto con la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ahora convertida en partido. Seusis Pausías Hernández Solarte (Toluviejo, 1967), excomandante guerrillero, de alias Jesús Santrich, está en el centro de la polémica. Fue detenido en abril del 2018, tras ser acusado por un juez de Nueva York de conspirar para introducir 10 toneladas de cocaína en EE.UU.
La Justicia Especial para la Paz (JEP), tribunal creado para procesar a los actores del conflicto armado colombiano tras la firma del Pacto de La Habana, en noviembre del 2016, falló hace una semana contra la extradición de Santrich, y decretó su liberación. La decisión provocó la renuncia del fiscal general Néstor Humberto Martínez y de la ministra de Justicia, Gloria María Borrero.
Santrich fue liberado el viernes y salió de la prisión en silla de ruedas. Sufre una enfermedad degenerativa que comenzó a dejarle ciego hace una década, y no puede valerse por sí mismo. Antes de su liberación, se habría intentado autolesionar ante las dudas sobre su excarcelación, que debía haberse producido el día anterior. Esas dudas estaban fundadas. A Santrich no le duró la libertad ni cinco minutos. La Fiscalía había ordenado su recaptura por la aparición de nuevas pruebas.
El abogado, que nació en una familia de docentes, e ingresó en las Juventudes Comunistas en el instituto, antes de convertirse en líder estudiantil universitario, volvía así a prisión. Continuará el proceso en su contra, aunque, eso sí, no será, al menos de momento, extraditado.
Santrich ingresó en la guerrilla en 1991, tras la muerte de su mejor amigo -llamado Jesús Santrich- a manos de un agente de inteligencia.
Fue escalando en la organización hasta convertirse en uno de los líderes de la negociación con el Gobierno, con posturas radicales en temas de reforma agraria que generaron tensión en la mesa de diálogos. De esa etapa se recuerda su reacción cuando un periodista de TVE le preguntó si las FARC pedirían perdón a sus víctimas. «Quizás, quizás, quizás», respondió, cantando.
Cartel de Sinaloa
Sus excompañeros han defendido con insistencia su inocencia, pese a la publicación, la pasada semana, de un vídeo donde supuestamente se reúne con enviados del cartel de Sinaloa, tras la firma del pacto de paz.
El caso Santrich amenaza al acuerdo de La Habana. «Fue un grave error haber entregado las armas a un Estado tramposo, confiados en la buena fe de la contraparte», dijo este lunes Iván Márquez, líder negociador de la guerrilla en Cuba, que está en paradero desconocido.
El sobrino de Márquez, Marlon Marín, negoció, según los investigadores norteamericanos, la entrega de la droga al cartel de Sinaloa. Es testigo protegido en EEUU en el caso contra Santrich. Un nuevo testimonio suyo habría sido clave para la recaptura del excomandante.
El expresidente Álvaro Uribe (2002-2008), ahora senador, dijo que en La Habana se negoció un cogobierno con el narcotráfico y parte de su bancada aboga por la creación de una Asamblea Constituyente para modificar ese acuerdo.
Supuestas órdenes al Ejército de duplicar las bajas en combate
El sábado se produjo una conmoción entre los militares. The New York Times publicó un artículo titulado Las órdenes de letalidad del Ejército colombiano ponen en riesgo a civiles, según oficiales que informaba de que los altos militares pedían a sus subordinados «duplicar» las bajas y capturas en combate, sin requerir «perfección» ni total «exactitud» cuando ejecutasen «ataques letales». «Hemos regresado a lo que estábamos haciendo antes», dijo un militar al diario, que relaciona las instrucciones del Ejército con el caso de los llamados falsos positivos, como se conoce en Colombia a las 5.000 ejecuciones extrajudiciales, según la ONU, perpetradas por los militares durante la Administración de Álvaro Uribe (2002-2008). El autor del artículo, Nicholas Casey, salió de Colombia, por seguridad, después de que prominentes congresistas del uribista Centro Democrático (el partido de Gobierno) le señalasen y sugiriesen que podría estar a sueldo de las FARC.
El Ejército condenó el texto, pero retiró una de las polémicas circulares nombradas por el NYT.