Convulsión en Colombia tras la liberación de un exmando de las FARC acusado de narcotráfico

héctor estepa BOGOTÁ / E. LA VOZ

INTERNACIONAL

El presidente de Colombia, Iván Duque, se comprometió a defender la separación de poderes y apoyó el recurso al fallo
El presidente de Colombia, Iván Duque, se comprometió a defender la separación de poderes y apoyó el recurso al fallo Reuters

El Gobierno de EE.UU. calificó de «lamentable» la decisión,  que ha provocado la dimisión del fiscal general de Colombia y de la ministra de Justicia

17 may 2019 . Actualizado a las 05:00 h.

Crisis de institucionalidad en Colombia. La decisión de la Justicia Especial para la Paz (JEP) de decretar la liberación de Jesús Santrich, excomandante de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), acusado de narcotráfico, ha desatado un profundo terremoto en el país, cuya última consecuencia ha sido la dimisión ayer de la ministra de Justicia, Gloria Borrero.

El polémico fiscal general Néstor Humberto Martínez, cuestionado por el caso Odebrecht, presentó su «renuncia irrevocable» minutos después de conocerse el fallo de la JEP, el cuestionado tribunal que juzga a los actores del conflicto armado y cuya creación fue acordada en el Pacto de La Habana.

El fiscal se fue con duras acusaciones. «Progresivamente se consolida en Colombia un estado de cosas antijurídico que conjura contra el Estado de Derecho y expone a la sociedad frente al crimen», dijo. «Los delitos permanentes de narcotráfico no podrán ser investigados por la Justicia ordinaria y se juzgarán por la JEP con un sistema de beneficios», agregó.

La decisión del fiscal general provocó que el presidente Iván Duque cancelase su agenda. En una comparecencia posterior, Duque se comprometió a defender la separación de poderes y apoyó la decisión de la Procuraduría de recurrir el fallo.

«Toda la institucionalidad del Estado garantizará la aplicación de la Justicia, la cooperación judicial, y todas las herramientas a su disposición para que no haya impunidad serán empleadas», señaló Duque.

Poco después habló su mentor, el expresidente Álvaro Uribe, ahora senador, en términos más duros. «La sentencia de la JEP demuestra que en La Habana pactaron un cogobierno con el narcotráfico», dijo quien, para parte de la oposición, es la persona que más influye en las decisiones del Ejecutivo. Importantes miembros de su partido, el derechista Centro Democrático, pidieron la llamada a la creación de una Asamblea Constituyente para definir competencias jurídicas.

Diez toneladas de cocaína

La JEP falló a favor de aplicar la garantía de no extradición a Santrich, acusado por un juez de Nueva York de conspirar para introducir diez toneladas de cocaína a EE.UU. tras la firma del pacto de paz, a finales del 2016. El excomandante fue detenido hace 13 meses. La Fiscalía publicó grabaciones que presuntamente lo incriminaban.

La JEP, que solo puede juzgar los delitos anteriores a la firma del Pacto de La Habana, reclamó nuevas pruebas a los investigadores. El Departamento de Justicia de EE.UU. se negó en marzo a entregar más evidencias y la JEP acabó fallando que no podría evaluar la conducta de Santrich ni determinar la fecha del delito sin ellas.

El terremoto institucional se produce después de que EE.UU. retirase los visados a dos jueces del Constitucional y una del Supremo, un movimiento visto por la oposición como una presión en un momento en el que el Constitucional evalúa si valida las seis objeciones de Duque a los estatutos de la JEP.

La embajada de EE.UU. lamenta la decisión

A última hora de ayer, la embajada de Estados Unidos en Bogotá emitió un comunicado en el que critica la decisión la JEP. «Consideramos esta decisión lamentable, ya que Estados Unidos cumplió con los requisitos de extradición establecidos con Colombia y nuestro pedido estableció que los delitos de los cuales se acusa al señor Santrich se produjeron después del 1 de diciembre de 2016», indicó la embajada en un comunicado.

La delegación diplomática en el país señaló además que el Gobierno de EE.UU. «toma nota» de la decisión de la JEP y consideró «que una apelación es esencial y urgente». «El Gobierno de Estados Unidos entiende que existe un proceso de apelación sobre la decisión de la JEP. Como Estado requeriente de la extradición, Estados Unidos considera que una apelación es esencial y urgente», agregó.