El grupo de contacto está preparado para enviar una misión a Venezuela

Los mediadores alertan de que siete millones de ciudadanos precisan ayuda urgente

La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, durante la apertura de la reunión del Grupo Internacional del Contacto sobre Venezuela, que se celebra en Costa Rica
La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, durante la apertura de la reunión del Grupo Internacional del Contacto sobre Venezuela, que se celebra en Costa Rica

caracas / corresponsal

La alta representante de la UE para las Relaciones Exteriores, Federica Mogherini, advirtió en San José de Costa Rica que unos 7 millones de venezolanos, 25 % de la población, están en situación de extrema vulnerabilidad, por lo que precisan asistencia humanitaria, según cifras de la ONU.

Para el Grupo Internacional de Contacto (que se reunió ayer en la capital costarricense para tratar la crisis venezolana) este dato convierte en una prioridad «evitar una escalada, prevenir un aumento de la represión y la violencia, y preservar espacios para que surja un proceso político que resuelva la crisis», señaló Mogherini, quien indicó que los venezolanos afrontan «un profundo empeoramiento de sus condiciones de vida».

Además, el grupo se declaró listo para efectuar una misión de alto nivel en Venezuela para proponer soluciones. «El Grupo Internacional de Contacto ha decidido continuar su labor sujeto a la evaluación de sus avances. El grupo está listo para llevar a cabo una misión de alto nivel en Caracas para presentar y discutir opciones concretas para una solución pacífica y democrática a la crisis», indica la declaración de la tercera reunión del foro.

En paralelo, la crisis política en el país también se agrava. Tras la retirada de la inmunidad parlamentaria del vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, y a otros siete diputados, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó ayer su enjuiciamiento sin someterlos a la norma constitucional de dejarles sin inmunidad a través del Parlamento.

La lista, de la que forman también parte el expresidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, incluye a dos diputadas, entre los parlamentarios que se presentaron a apoyar el fallido alzamiento militar del pasado 30 de abril; pero excluye al líder del Parlamento y presidente encargado, Juan Guaidó. «Al régimen lo que le interesa es perseguir (…) Sabe que esta Asamblea está resolviendo los problemas y que Maduro no puede resolver ningún problema, está derrotado», señaló el opositor a Maduro.

Dos magistrados del Supremo salvaron sus votos en dos sentencias (la de Zambrano y la de los otros siete diputados) que, según indicaron, vinieron redactadas desde fuera de la magistratura y que se aprobaron sin cumplir ningún extremo legal.

Todos los diputados imputados participaron en la sesión de la Asamblea en la que Venezuela fue reincorporada al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) del que el Gobierno de Chávez se salió en el 2013.

El TIAR, que fue un mecanismo vulnerado en la Guerra de las Malvinas, en 1982, cuando EE.UU. apoyó a Gran Bretaña y no a Argentina, prevé que una agresión militar contra un país provocará una respuesta hemisférica. Según señaló Guaidó, constituye un primer paso para solicitar una «ayuda» militar que sería aprobada por la propia Asamblea Nacional.

En la sesión la Guardia Nacional prohibió la entrada a periodistas, pese a tener la autorización de Guaidó. Además, el Ejército tomó los dos principales aeropuertos de avionetas cercanos a Caracas, en previsión, supuestamente, de que algunos de los diputados intenten huir del país, según el Ministerio del Interior.

Compra y venta de divisas

En lo económico, el Banco Central de Venezuela (BCV) autorizó ayer a las entidades financieras del país a realizar la compra y venta de divisas entre personas naturales y jurídicas a través de mesas de cambio, en las que los interesados podrán presentar cotizaciones de oferta o demanda «sin restricción alguna».

Este nuevo mecanismo, cuya entrada en vigor no se ha concretado, deroga el llamado Dicom, un sistema de subastas que operaba desde el 2017. Además, la medida también implica el levantamiento del control de cambio que opera en el país desde el 2003 y por el que el Estado tenía el monopolio de divisas.

Sin embargo, economistas como Asdrúbal Oliveros, de la firma Ecoanalítica, opinan que aunque se decrete el levantamiento del control de cambio «la medida no puede llevarse a cabo en la práctica» debido a la «agresiva política de encaje, el marco regulatorio, la hiperinflación y la depresión de la economía», informa Efe. Oliveros cree que las sanciones y la crisis diluyen los posibles beneficios de la medida.

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