Una devolución salarial al profesorado podría tumbar al Gobierno de Portugal

António Costa anuncia que dimitirá si el Parlamento ratifica la normativa el 15 de mayo

El primer ministro de Portugal, António Costa
El primer ministro de Portugal, António Costa

Lisboa / Corresponsal

La crisis política surgida en Portugal, en vísperas de las elecciones europeas y a cinco meses de las legislativas, amenaza con poner punto final a la alianza entre el Partido Socialista, del primer ministro, António Costa, el Bloco de Esquerda, de Catarina Martins, y el Partido Comunista, de Jerónimo de Sousa. Dicho acuerdo ha permitido hasta el momento a Costa gobernar sin sobresaltos, desde la minoría parlamentaria y sin haber ganado las generales del 2015. Ahora todo parece haber llegado a su fin, o al menos así amenazó ayer el primer ministro luso, por causa de la ley de la antigüedad de los profesores de la enseñanza pública portuguesa, que obliga a devolver parte de los recortes salariales a los maestros. La normativa fue aprobada, contra todo pronóstico, el jueves por la noche en el Parlamento portugués, con los votos a favor tanto de los otros dos partidos de izquierdas -el Bloco de Esquerda y el Partido Comunista- como los de centroderecha, el PSD, de Rui Rio, y el CDS-PP, de Assunção Cristas.

El propio António Costa, tras celebrar una reunión de urgencia con su nucleo duro de ministros y asesores y después de hablar con el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, hizo una declaración al país, en directo, emitida por todas las radios y televisiones, en la que anunció: «Por lealtad institucional y a mi país, tras comunicárselo al presidente de la República y al del Parlamento, confirmo que dimitiré si el día 15 de mayo se aprueba en su totalidad en el Parlamento la ley de la antigüedad de los profesores». «De aprobarse esta ley -añadió-, además de no cumplir nuestros compromisos internacionales y estar en juego nuestra credibilidad como país, seríamos injustos con el resto de los funcionarios y de los trabajadores lusos que han sufrido recortes durante los últimos años».

El ministerio de Finanzas emitió, poco después de las declaraciones del primer ministro, un comunicado confirmando que la ley tendrá un impacto en los gastos permanentes anuales de 800 millones de euros, lo que pondría en peligro la estabilidad presupuestaria comprometida por Portugal con Bruselas.

El primero en reaccionar fue su socio del Partido Comunista, Jerónimo de Sousa, que consideró las palabras de António Costa «una presión inaceptable y un mero cálculo electoralista». El portavoz de la Femprof, el sindicato mayoritario de los profesores portugueses, Mário Nogueira, avanzó: «El chantaje del Gobierno no funcionará».

Su otra socia parlamentaria, Catarina Martins, del Bloco, dijo que el «ultimátum de Costa peca de mucha precipitación».

El presidente del PSD, Rui Rio, acusó, por su parte, al jefe del Gobierno luso de «mentir y crear un teatro electoral». En la misma línea se manifestó la líder del CDS-PP, Assunção Cristas, que considera las palabras de Costa «una fantochada».

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