La iniciativa de la Ruta de la Seda genera tanto entusiasmo como escepticismo, y los críticos apunta a que solo gana Pekín
03 may 2019 . Actualizado a las 13:02 h.El gigante asiático cerró ayer el II Foro de la Franja y la Ruta, conocida como la nueva Ruta de la Seda, con el anuncio de la firma de acuerdos de proyectos de cooperación por valor de más de 64.000 millones de dólares, aunque sin concretar su contenido. Con este colosal proyecto de infraestructuras, Pekín sueña con extender su influencia a nivel global, mientras la Administración Trump opta por el proteccionismo. La iniciativa genera tanto entusiasmo como escepticismo en Occidente. El presidente chino, Xi Jinping, ha intentado rebatir a los que consideran que su único objetivo es promover la hegemonía de China. Ante las críticas, ha prometido transparencia en las inversiones, desarrollo sostenible y la apertura del mercado chino.
¿En qué consiste la Ruta de la Seda?
Es una ambiciosa red de infraestructuras para mejorar la conectividad entre China con el resto de Asia, Europa y África. Incluye proyectos que van desde líneas de tren de alta velocidad a redes de comunicación 5G (creadas por el gigante de las telecomunicaciones Huawei), pasando por la construcción de carreteras, puertos, centrales eléctricas, oleoductos o presas. Dibuja varios itinerarios: Una ruta terrestre para unir, a través de Asia Central, China con Rusia y Europa, y una ruta marítima desde China hasta África y Europa. Las dos cuentan a su vez con diversas ramificaciones. Xi Jinping lanzó la iniciativa en el 2013 bajo el nombre de la Franja y la Ruta -su nombre internacional es One Belt, One Road, (OBOR)- pero popularmente se conoce como nueva Ruta de la Seda.
¿Cuáles son los objetivos de China?
Con esta nueva Ruta de la Seda, Pekín pretende reivindicar su papel de gran potencia mundial. Al mismo tiempo intenta asegurarse el suministro de materias primas, expandir su economía, ganar estabilidad interior y también rodearse de nuevos aliados geoestratégicos que muestren agradecimiento por las millonarias inversiones. Por ejemplo, con la financiación de gaseoductos y oleoductos en Asia Central se garantiza el acceso a la energía para sustentar su economía. En África ha conseguido el control sobre derechos de explotación de importantes minas. La inversión en puertos, desde Sri Lanka a Grecia, le facilita nuevas rutas comerciales. A Estados Unido ya le está restando peso y presencia internacional.
Coste y financiación
Aunque los datos son opacos, analistas independientes calculan que la inversión realizada en estos cinco años alcanza los 460.000 millones de dólares. Una cifra elevada, pero alejada de las estimaciones iniciales, que situaban el coste del proyecto entre 1 y 8 billones de dólares.
Además de la dotación de un fondo propio, China impulsó en el 2014 la creación del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras (AIIB), una pieza clave para financiar OBOR y un organismo diseñado para hacer de contrapeso al Banco Mundial o al Banco Asiático de Desarrollo.
¿A que oposición y críticas se enfrenta?
Aunque Pekín presume de que es una iniciativa global abierta a todo el mundo y en la que todos pueden ganar, las críticas apuntan a que solo gana China. La mayoría de los proyectos los lideran empresas chinas, que cuentan con apoyo financiero oficial y que trasladan a su propio personal a terceros países. Se ha denunciado la opacidad de los contratos y el riesgo de que Estados con pocos recursos acaben con una deuda excesiva que les ate a China, conocida como «trampa de la deuda». Países como Malasia, Tailandia, Sri Lanka o Pakistán han cancelado inversiones o han obligado a recortar los costes. También se le reprocha el impacto medioambiental de las obras de infraestructuras.
¿Qué países participan?
125 países y 29 organizaciones ya se han adherido oficialmente a la iniciativa. La mayoría son países en desarrollo de Asia, África y Latinoamérica, seducidos por las inversiones en infraestructuras que tanto necesitan. Pero la diplomacia del talonario chino también ha convencido a gran parte de Europa del Este, junto a Grecia, Portugal e Italia. La Unión Europea, incluida España, se mantiene reticente ante un proyecto en que no ve reciprocidad y exige a China la apertura de su mercado en igualdad de condiciones. El despliegue de la tecnología 5G china ha activado las alarmas ante el peligro de espionaje cibernético.