Un año de revuelta en la Nicaragua sandinista

La política de Daniel Ortega ha dividido a un país sumido en una gravísima crisis económica

Valeska Valle, miembro del la Alianza Civil, un partido abierta en contra de la política de Daniel Ortega
Valeska Valle, miembro del la Alianza Civil, un partido abierta en contra de la política de Daniel Ortega

rio de janeiro / e. la voz

Era el 18 de abril del 2018 en Nicaragua, un día como otro cualquiera. Nadie imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir. Durante la jornada, los medios advirtieron que el Gobierno del exguerrillero Daniel Ortega había aprobado una polémica reforma del seguro social. Unas pocas personas salieron a protestar. Fueron reprimidas, y la furia social se desató. Ya no era una manifestación contra la reforma, sino una rebelión contra el Gobierno. Al menos 325 personas murieron durante las protestas, que se extendieron durante semanas.

Nicaragua es hoy un país profundamente dividido y sumido en una gravísima crisis económica. Pequeñas manifestaciones continúan teniendo lugar en centros comerciales y otros lugares cerrados, a pesar de que la protesta está, de hecho, prohibida. No hay permisos y la policía realiza espectaculares despliegues para evitar las protestas programadas por la oposición.

El último episodio de esa historia ocurrió este miércoles, cuando los opositores convocaron a una marcha para rememorar el 18 de abril. La policía copó desde muy temprano los principales puntos de protesta, deteniendo a 67 personas, según cifras de los opositores, antes incluso de que comenzara la marcha, evitando la concentración de personas.

«Me golpearon y me robaron todo. Los policías también montaron a cuatro mujeres a la patrulla. A una de ellas también la manosearon y le robaron todo. Fue tan fuerte lo que les hicieron que una de ellas se orinó del miedo», señaló el periodista Abixael Mogollón, de Artículo 66

Presos políticos

La oposición y el Gobierno, que denuncia estar siendo víctima de un golpe de Estado orquestado desde Washington, volvieron a sentarse a la mesa de negociación el pasado febrero. Las charlas se suspendieron cuando la opositora Alianza Cívica reclamó la libertad de 779 presos que considera reos políticos. El Gobierno liberó a 213, una cifra considerada insuficiente por sus interlocutores, que cortaron, al menos de forma oficial, los diálogos.

Ortega considera que en las cárceles del país solo se encuentran 340 personas detenidas en el contexto de las protestas y los considera presos comunes por haber infringido las leyes del país. Muchos de quienes participaron en las protestas se exiliaron para evitar su detención. Son al menos 60.000, según Naciones Unidas. Unas 55.000 se encuentran en la vecina Costa Rica.

El Gobierno propuso esta semana un proceso de retorno voluntario, pero quienes salieron del país creen que serán apresados si vuelven. Además, muchos no tendrían cómo subsistir. El país, de 6,3 millones de habitantes, destruyó el año pasado al menos 157.000 empleos, según cifras oficiales. Sufrió, además, una recesión del 4 %, tras haber crecido a un ritmo del 5 % en los años anteriores. El turismo, por ejemplo, ha desaparecido casi por completo. Mientras cae la economía, Washington anuncia nuevas sanciones contra el círculo del presidente

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