Los tres candidatos a los que las encuestas dan más opciones de cara a las elecciones de junio son mujeres
15 abr 2019 . Actualizado a las 05:00 h.Guatemala, uno de los países más conservadores de América Latina, podría ser gobernada por una mujer, por primera vez en su historia, en unos meses. La carrera electoral de cara a las elecciones presidenciales del 16 de junio está liderada hoy por Sandra Torres, exesposa del expresidente Álvaro Colom (2008-2012).
Torres cuenta con alrededor del 17 % de apoyo en las encuestas de cara a unos comicios a los que concurrirán al menos 26 candidatos más. Le siguen en las encuestas la exfiscala general Thelma Aldana, y Zury Ríos, hija del exdictador Efraín Ríos Montt (1982-83), condenado por crímenes de lesa humanidad y fallecido el año pasado. Parece difícil, a tres meses de los comicios, que alguno de los hombres candidatos pueda hacerse, de súbito, con la preferencia de los electores.
Las tres candidatas están teniendo que batallar en los tribunales para poder aparecer en las listas electorales y suceder al cuestionado Jimmy Morales.
Torres se divorció de su marido, ahora imputado por supuesta corrupción, en el 2011, para poder concurrir a los comicios del año siguiente, ya que la ley guatemalteca no permite presentarse a unas elecciones a los familiares directos de un exmandatario.
Derrotada en segunda vuelta
La Justicia no le permitió participar en las elecciones del 2012, pero sí pudo concurrir en las del 2015, en las que fue derrotada por Morales en segunda vuelta. La Justicia, además, se planteó desaforarla por posible comisión de delitos electorales en su última campaña presidencial.
Torres lidera la Unidad Nacional para la Esperanza (UNE), la principal fuerza política de Guatemala, y está bien posicionada para imponerse en primera vuelta, aunque en la segunda podría ser superada por sus adversarias.
Quien más posibilidades tiene de ganarle es la exfiscala Aldana, que lidera el Movimiento Semilla, formado por activistas y jueces que apuestan por fortalecer las Justicia en el país. Aldana construyó su reputación liderando el proceso contra el expresidente Otto Pérez Molina, acusado de corrupción, y que se vio obligado a dimitir en el 2015 tras la celebración de varias manifestaciones consideradas históricas. Lo hizo apoyándose en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un cuerpo que cuenta con el apoyo de la ONU para luchar contra la corrupción. El debate político de Guatemala en el último año ha girado precisamente en torno al papel de esa institución.
Morales, que llegó al poder prometiendo no ser un ladrón y defendiendo a la Cicig, emprendió después una dura e impopular batalla contra la institución, cuando comenzó a ser investigado por corrupción, que implicaba también a sus familiares. Morales no renovó el mandato del organismo, que expiraba en septiembre, y acabó de facto con él.
Preocupación ciudadana
«Para la generalidad de partidos, inclinados hacia la derecha, la Cicig es casi inexistente. Un capítulo del pasado. Pretenden subirse a la ola de doblar la página, pero en el imaginario, y a diario en los medios y en redes, es recurrente la preocupación ciudadana por la corrupción», comenta el politólogo Renzo Rosal. «Su obsesión por expulsar a la Cicig fue el único objetivo de sus últimos dos años y medio de Gobierno. Ese es su legado», añade Rosal.
Ese descontento alimenta la candidatura de Aldana, que tampoco está teniendo fácil concurrir a las elecciones. Un juez guatemalteco ha expedido una orden de arresto por un supuesto caso de contratación fantasma en la Fiscalía, que la candidata niega. Se encuentra en El Salvador, a la espera de que la Justicia Electoral decida si puede ser candidata, lo que le garantizaría inmunidad.
Tercera en las encuestas es Zury Ríos. La hija del exdictador Efraín Ríos también ha tenido que pelear su candidatura, ya que la Carta Magna guatemalteca impide postularse a las elecciones a familiares directos de caudillos o «jefes de un Golpe de Estado, revolución armada, o movimiento similar, que haya alterado el orden constitucional». El Supremo guatemalteco otorgó en febrero un amparo provisional que permite a Ríos presentarse.
La candidata representa a los sectores más conservadores en un momento clave: el Congreso se plantea modificar la ley de amnistía firmada en 1996, tras casi cuatro décadas de guerra civil, que dejó 200.000 muertos. El objetivo de un grupo de congresistas es ampliar la amnistía a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad, que quedaron por fuera de la ley de 1996. Supondría excarcelar decenas de militares acusados de múltiples violaciones de derechos humanos.