La ministra de Gobernación mexicana auguró a finales de marzo que el grupo será de 20.000 personas
14 abr 2019 . Actualizado a las 05:00 h.Una nueva caravana migrante pone a prueba las políticas migratorias del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La presunta permisividad del mandatario con el flujo de migrantes hacia Estados Unidos ha sido una de las principales críticas lanzadas por Donald Trump contra su homólogo mexicano. Esta posición, sin embargo, ha dado un giro de 180 grados. Recientemente, el inquilino de la Casa Blanca aplaudió a López Obrador y celebró su alto índice de detenciones. En principio, ambos mandatarios tienen posiciones antagónicas: derecha el estadounidense e izquierda el mexicano. Sin embargo, en público han coincidido en un objetivo: poner fin a la migración irregular desde Honduras, Guatemala y El Salvador.
A finales de marzo, la ministra de Gobernación mexicana, Olga Sánchez Cordero, aseguró que en Honduras se estaba preparando «la caravana madre» en la que participarían 20.000 personas. Lo dijo tras reunirse con Kirstjen Nielsen, antigua secretaria de Estado de Seguridad, recientemente dimitida. No hubo tal gran movilización. Únicamente un millar de hondureños partieron desde San Pedro Sula en la madrugada del 10 de abril.
El gran interrogante es cuál será la respuesta de México cuando el grupo llegue a su frontera. En enero, más de 13.000 centroamericanos recibieron una tarjeta de visitante por motivos humanitarios. Esta les permitía trabajar y desplazarse a través del país. «Estas tarjetas no se están entregando. Se hará a partir de mayo en los consulados de cada país», dice Aline Juárez, del equipo de comunicación del Instituto Nacional de Migración (INM). Reconoce que, por el momento, «no hay un posicionamiento» respecto a la nueva caravana. Pero asegura que no entregarán las tarjetas.
López Obrador prometió basar su política migratoria en los derechos humanos, pero mantiene una posición ambigua que ha generado críticas desde las organizaciones de Derechos Humanos. «Ha habido un intento que parece ser fallido. La respuesta ha sido replegarse y sacar medidas como las de antes, de detención y deportación», dice Andrea Villaseñor, directora del Servicio Jesuita al Refugiado, una organización católica que atiende a la población migrante. Villaseñor denuncia la «respuesta criminalizadora de migrantes y defensores de Derechos Humanos». La pregunta es hasta qué punto Trump ha tenido capacidad de cambiar la posición de un presidente que llegó con la bandera de hacer una política diferente.