La UE amenaza a Caracas con «medidas apropiadas» tras retirada de la inmunidad parlamentaria a Guaidó

Los ministros de Exteriores de la UE discuten el lunes la posibilidad de ampliar las sanciones a dirigentes del régimen

La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, considera que la decisión de retirar la imnunidad a Guaidó supone una violación de la Constitución de Venezuela
La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, considera que la decisión de retirar la imnunidad a Guaidó supone una violación de la Constitución de Venezuela

Redacción

La Unión Europea ha criticado este jueves la retirada de la inmunidad parlamentaria al presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, cuya legitimidad el bloque no reconoce, y ha amenazado a Caracas con «medidas apropiadas» en respuesta a los últimos acontecimientos en Venezuela.

«Esta decisión constituye una violación grave de la Constitución venezolana, así como del Estado de Derecho y la separación de poderes», reza la declaración de la alta representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, en nombre de los Veintiocho, según informa Europa Press.

El texto ha sido publicado este jueves tras recibir el visto bueno final de las capitales. En el texto, el bloque avisa de que este tipo de decisiones «minan una salida política a la crisis y solo llevarán a una mayor polarización y escalada de las tensiones en el país» y recuerdan que «el único organismo autorizado para levantar la inmunidad» parlamentaria es «la Asamblea Nacional».

«La UE continuará supervisando la situación y utilizará todas las medidas apropiadas para reaccionar a los acontecimientos actuales», advierte el bloque en el texto.

La Unión ha vuelto a reclamar en todo caso el respeto «pleno» a las prerrogativas y mandato constitucional de «todos» los miembros de la Asamblea Nacional, «incluido el de su presidente» y exigen el respeto «en todo momento» de sus derechos civiles, libertad e integridad física, dejando claro que «deben poder ejercer sus responsabilidades libres de cualquier intimidación».

División en torno a la respuesta

Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE discutirán el próximo lunes en Luxemburgo durante su almuerzo la situación en Venezuela después de la segunda reunión ministerial del grupo de contacto internacional celebrado el 28 de marzo en Quito, incluida la opción de preparar «nuevos listados» para ampliar las sanciones a más dirigentes venezolanos, una cuestión que siguen dividiendo a los Veintiocho, según fuentes diplomáticas.

Estas fuentes ven prematuro aventurar si habrá consenso el lunes para avanzar en más sanciones o «más bien para hacer el trabajo preparatorio a nivel de grupo de trabajo» a fin de tener «una lista» de nombres para tenerla «preparada» para aprobarla «si fuera necesario».

«Algunos estados miembro empujan para que haya sanciones, otros condenan este tipo de actos, pero piden ser cautelosos para no perjudicar los esfuerzos» del grupo de contacto internacional sobre Venezuela aunque «la evaluación del Servicio Europeo de Acción Exterior es que la situación se ha deteriorado muy rápido» sobre el terreno, han confirmado otras fuentes diplomáticas.

Países como Reino Unido, Francia, Alemania, España y Dinamarca, entre otros, defienden que las sanciones «estén sobre la mesa» como elemento de presión, mientras que otros como Italia y Grecia son más reacios a hablar de sanciones.

La mayoría de los países de la UE -con la excepción de Italia, Grecia, Chipre y Eslovaquia- han reconocido a Guaidó como presidente interino para avanzar en la organización de nuevas elecciones presidenciales en Venezuela, algo que el Gobierno de Nicolás Maduro, que sigue controlando de facto el país, rechaza de plano.

El grupo de contacto internacional, en el que participan España, Francia, Alemania, Italia, Portugal, Suecia, Países Bajos y Reino Unido, por parte europea, así como Ecuador, Costa Rica, Uruguay y Bolivia por parte latinoamericana, condenó en Quito la inhabilitación de Guaidó para ocupar cualquier cargo público durante 15 años, anunciada por la Contraloría General de la República, una decisión «política» que no contribuye a una salida a la crisis e instó a las autoridades venezolanas a «adoptar pasos concretos» para avanzar hacia nuevas elecciones presidenciales en el país «lo antes posible», una opción que Caracas sigue rechazando de plano.

Para ello, reclamó «una hoja de ruta acordada» para crear las condiciones mínimas, incluido «garantías» para que puedan participar «todos» los candidatos y partidos políticos en las elecciones. Además, ha reclamado una actualización «completa» del registro de votantes y una modificación de la ley electoral para permitir el despliegue de observadores internacionales.

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