El jefe del Ejército argelino insta a la destitución del presidente Buteflika

La petición del general Ahmed Gaïd Salah, uno de los hombres más fieles al jefe de Estado, apuesta por salir de la crisis cumpliendo las demandas de los manifestantes

Buteflika y el general  Ahmed Gaïd Salah en un acto militar en junio del 2012
Buteflika y el general Ahmed Gaïd Salah en un acto militar en junio del 2012

Agencias

El jefe de Estado Mayor argelino, general Ahmed Gaïd Salah, pidió el martes en un discurso televisado que se declare incapacitado para ejercer el poder al presidente Abdelaziz Buteflika, o que éste dimita por voluntad propia, como desde hace un mes demanda el pueblo argelino en la calle. La petición de Gaïd Salah, uno de los hombres mas fieles al mandatario, supone un punto de inflexión en el conflicto político que desde hace más de un mes padece el país y podría suponer el fin de los veinte años de presidencia del último mandatario árabe del siglo XX. En las calles de Argel pudieron escucharse bocinas de auto en señal de alegría, pero la ciudad guardaba en principio la calma.

Desde que hace un año comenzara el debate sobre si Bouteflika debía presentarse a un quinto mandato consecutivo pese a su incierto estado de salud, el general ha sido uno de los más férreos defensores de esa opción. Y la ha sostenido desde que el pasado 22 de febrero estallaran las protestas en la calle pese a que gran parte del Ejército y de la Policía se negaran primero a intervenir y después apoyaran en público las manifestaciones, que se repiten desde entonces cada viernes. 

La decisión de Gaïd Salah, quien probablemente también salga del poder, supone un giro de 180 grados. Este martes llamó a la necesidad de defender y proteger la unidad del Estado para pedir la aplicación del artículo 102 de la Constitución, que permite inhabilitar al presidente por razones de salud.

Buteflika, de 82 años, sufrió un accidente cerebrovascular en el 2013, y el anuncio de que se presentaba a la reelección por quinta vez consecutiva provocó una crisis política y manifestaciones casi diarias, al punto de que tuvo que renunciar a su propósito. Sin embargo, el Gobierno anunció que se suspendía las elecciones de forma indefinida, lo que no apaciguó a la calle. 

«Es necesario, por no decir imperativo, adoptar una solución para salir de la crisis que responda a las reivindicaciones legítimas del pueblo argelino y que garantice el respeto de las disposiciones de la Constitución y el mantenimiento de la soberanía del Estado», declaró en un discurso durante un ejercicio de revisión de tropas.

El artículo 102 de la Constitución argelina prevé que el Parlamento, a propuesta del Consejo Constitucional «reunido de pleno derecho», declare por mayoría de dos tercios «el estado de incapacidad» cuando «el presidente de la República, por causa de enfermedad grave y duradera, se encuentre en la posibilidad total de ejercer sus funciones». El artículo también deja la posibilidad de que el propio presidente presente su dimisión.

El presidente del Consejo de la Nación (equivalente a la Cámara Alta) toma entonces la jefatura del Estado provisionalmente durante 45 días. Si la «incapacidad» se prolonga tras ese plazo, se declara un «vacío» de poder, que puede prolongarse a su vez 90 días como máximo.Durante ese periodo debe organizarse una elección presidencial.

El presidente del Consejo constitucional, Tayeb Belaiz, de 70 años, que debería convocar al organismo para aplicar el artículo 102, es también, como Salah, un hombre fiel al presidente. Era uno de los consejeros de Buteflika antes de que este lo nombrara en su actual cargo en febrero, pocos días después de la muerte del titular del cargo, Mourad Medelci.

Argelia vive desde el 22 de febrero manifestaciones masivas, provocadas por el anuncio de que Buteflika, que llegó al poder en 1999, y que desde su ictus apenas ha hablado en público, quería volver a presentarse a las elecciones. Ante la presión de la calle, el presidente anunció que prolongaba sine die la convocatoria, prevista inicialmente para el 18 de abril, lo que de hecho supone mantener su mandato por una duración indeterminada. La pretensión del Gobierno es convocar una «Conferencia nacional» para elaborar una nueva Constitución, antes de la celebración de un nuevo escrutinio, opción totalmente rechazada por los manifestantes.

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