Fuego y muerte en Haití para denunciar la pobreza

La revuelta callejera se ha multiplicado en las últimas semanas

Un hombre permanece sentado sobre el féretro de una de las víctimas de las protestas de febrero contra el Gobierno de Jovenel Moise
Un hombre permanece sentado sobre el féretro de una de las víctimas de las protestas de febrero contra el Gobierno de Jovenel Moise

RÍO DE JANEIRO / e. LA vOZ

Casas ardiendo. Vehículos calcinados. Disparos. Saqueos. Muertos. Haití, el país más pobre del continente americano, víctima de esclavitud, matanzas, invasiones, dictaduras y algunos de los peores desastres naturales de la Historia del mundo, ha vuelto a sumirse en una espiral de violencia. Miles de personas protestan en las calles, desde el pasado 7 de febrero, contra el Gobierno del presidente Jovenel Moise, un empresario bananero, sin anterior experiencia política, que ha caído en desgracia para una población hastiada de la pobreza y la corrupción.

Al menos 26 personas han resultado muertas en incidentes violentos que han tenido lugar en el contexto de las manifestaciones, según ha difundido la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). El organismo internacional también recabó «información preocupante sobre bloqueos de calles, avenidas y carreteras. Violencia dirigida a manifestantes. Disparos esporádicos y detenciones de personas en el marco de las protestas».

La mayor parte de la actividad productiva se paralizó durante dos semanas. No se imprimió ni siquiera el periódico más popular de un país en el que muchos lugares quedaron sin agua, o energía. Las marchas han sido organizadas por distintas organizaciones sociales, religiosas y políticas.

La miseria agita las calles

El descontento popular está motivado por la miseria. El 59 % de los haitianos se encuentran bajo la línea de la pobreza, y el 24 % sufren pobreza extrema, según Naciones Unidas. Más de la mitad de la población es analfabeta y, además, sobrevive con menos de dos euros al día. Muchos creen que el Gobierno no ha hecho lo suficiente para acabar con ese flagelo.

Quienes protestan en las calles denuncian también la corrupción estatal. El Tribunal de Cuentas del país caribeño difundió, el 1 de febrero, que al menos 15 exministros y funcionarios del actual Gobierno estarían involucrados en el caso de desvío de fondos de Petrocaribe, entre el 2008 y el 2016. Así se llamaba un programa venezolano, por valor de 3.300 millones de euros, que se basaba en la venta de petróleo en condiciones favorables a Haití, destinando parte de los fondos al desarrollo social y a la promoción del empleo.

Pero las obras sociales no llegaron. Los jueces comenzaron a investigar y dieron con una trama de corrupción estatal, en la que también está involucrada una compañía dirigida por Moise antes de jurar como presidente. Moise se negaba a renunciar a su cargo y pretendía un diálogo con la oposición.

Las negociaciones están apoyadas por la comunidad internacional, especialmente por el Core Group, integrado por la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea, y las embajadas de España, Estados Unidos, Brasil, Alemania, Canadá y Francia.

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