La ONU ve en la matanza de casi 900 personas en Congo posibles crímenes contra la humanidad
INTERNACIONAL
Investigadores denuncian que estuvieron planeados y contaron con apoyo de jefes locales y advierten de que la violencia podría reanudarse
12 mar 2019 . Actualizado a las 20:13 h.La investigación realizada por la Oficina Conjunta de Derechos Humanos de la ONU en República Democrática del Congo (RDC) sobre la ola de ataques intercomunitarios registrada en diciembre en Yumbi, en el oeste del país, ha llegado a la conclusión de que los hechos podrían constituir «crímenes contra la humanidad».
Los ataques intercomunitarios entre banunus y batendes registrados en cuatro emplazamientos en Yumbi, en la provincia de Mai-Ndombe, entre el 16 y el 18 de diciembre pasado se saldaron con al menos 890 muertos y miles de desplazados y, según la investigación, «estuvieron planeados y ejecutados con apoyo de los jefes consuetudinarios».
Los investigadores han conseguido verificar el asesinato de al menos 535 hombres, mujeres y niños en la localidad de Yumbi, Bongende y Nkolo II, así como 111 heridos. Además, casi mil edificios, en su mayoría viviendas y algunas iglesias, escuelas y centros de salud, fueron destruidos o saqueados.
No obstante, según han indicado en un comunicado, estiman que el número de víctimas es mayor ya que no pudieron acceder al cuarto enclave en el que se produjeron los ataques, Camp Nbanzi, y se cree que los cuerpos de muchos de los fallecidos fueron lanzados al río Congo.
Los ataques fueron desencadenados por una disputa en torno al entierro de un jefe banunu y siguieron «pautas sorprendentemente similares y caracterizadas por la extrema violencia y la rapidez, lo que dejó poco tiempo a la gente para huir», según la oficina de la ONU.
Al frente de los mismos estuvieron residentes batende provistos con armas de fuego, incluidos fusiles de caza, machetes, arcos y flechas, y gasolina, y tuvieron como objetivo a residentes banunu, quienes fueron atacados en sus casas y cuando intentaban huir, han explicado los investigadores.
Víctimas quemadas vivas
Entre los «horrores» documentados en el informe figura el caso de un niño de dos años lanzado a una fosa séptica o el de una mujer violada tras ser testigo de la decapitación de su hijo de 3 años y el asesinato de su marido. Además, algunas de las víctimas fueron quemadas vivas y a muchos se les preguntó si eran banunus antes de matarles. En algunos casos, los atacantes mutilaron los cadáveres de las víctimas.
Según el informe, «la similitud en el modo en que los ataques fueron perpetrados indica consulta previas y organización». «Algunos jefes en localidades de mayoría batende participaron en la planificación de los ataques, según numerosas fuentes», han precisado los investigadores.
Así las cosas, los investigadores llegaron a la conclusión de que los crímenes documentados en Yumbi podrían constituir crímenes contra humanidad como «asesinato, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, así como persecución».
En el documento, los investigadores subrayan que la violencia se vio facilitada por la ausencia de actuación del Estado para evitarlo y que «las autoridades provinciales parecen no haber cumplido con su responsabilidad de proteger a la población». En este sentido, han lamentado que pese a los signos de creciente tensión y el riesgo creciente de violencia no se adoptaron medidas para reforzar la seguridad.
Riesgo de que se reanude la violencia
Además, los investigadores de la ONU han alertado del riesgo de que la violencia se reanude. «Las tensiones y el resentimiento entre las dos comunidades, junto con los rumores de represalias, podrían hacer emerger nuevas olas de violencia en cualquier momento», han subrayado en su informe, advirtiendo de que igualmente podrían producirse estallidos en otras zonas de las provincias de Mai-Ndombe o Equateur.
En este sentido, la representante especial de la ONU en RDC, Leila Zerrougui, ha reclamado medidas urgentes para restaurar la autoridad del Estado en Yumbi y crear las condiciones para el retorno voluntario y seguro de los desplazados. Para Zerrougui, «la presencia neutral de las instituciones del Estado, incluida la Policía, es importante para mantener la ley y el orden y para evitar el riesgo de nueva violencia».
Por su parte, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha incidido en la importancia de que se haga justicia y haya rendición de cuentas de los responsables, para lo cual ha ofrecido el apoyo de su oficina.
«Es crucial garantizar que los autores de estos crímenes terribles son castigados y que muchas mujeres, niños y hombres que fueron víctimas de esta aterradora violencia reciben justicia y apoyo», ha defendido.
Asimismo, Bachelet ha instado al «Gobierno a que inicie un proceso de verdad y reconciliación entre las comunidades banunu y batende, que será esencial para abordar los sentimientos de conflicto intercomunitario y evitar más actos de violencia».