La fiscalía de Manhattan investiga al comité que organizó la investidura de Trump por donaciones ilegales

El tercer año de mandato de Donald Trump comenzará en enero con un negro horizonte judicial. El fiscal especial Robert Mueller estrecha el cerco sobre él con la estimable ayuda de antiguos colaboradores y amigos del magnate, como el exjefe de campaña Paul Manafort, que ya está en prisión, y su exabogado Michael Cohen, que entrará en pocos meses. Por si no tuviera suficientes frentes abiertos, el material incautado a Cohen ha dado lugar a la apertura de otra investigación. Según The Wall Street Journal, la Fiscalía de Manhattan intenta aclarar si agentes extranjeros financiaron ilegalmente la investidura del presidente a cambio de favores políticos en la futura Administración Trump. El comité para la organización de la jura ante el Capitolio en el 2017 recaudó donaciones por valor de 107 millones de dólares, el doble que Barack Obama en el 2009. Todo gracias a donaciones superiores a un millón de dólares de magnates y corporaciones, entre ellos las del rey de los casinos Sheldon Adelson. Pero, según The New York Times, el fiscal se centra en averiguar si Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Catar utilizaron donantes falsos para ocultar sus aportaciones para burlar una ley federal. Ya ha sido interrogado el exasesor de campaña y vicepresidente del comité, Rick Gates, que en febrero se declaró culpable de conspirar para ocultar dinero y de mentir al FBI. Procesado por Mueller, accedió a cooperar en la investigación del Rusiagate.

Tampoco están claros los gasto. El comité gastó 103 millones y solo identificó a dónde fueron a parar 61 de estos millones. La firma a la que más pagó (25,8 millones) fue WIS Media Partners, creada por la exasesora de Melania Trump 45 días antes del evento.

Confesiones

Antes de acabar en la cárcel durante los próximos tres años, Cohen ha descargado toda la culpa sobre el presidente. En su primera entrevista tras su sentencia, el exabogado personal hizo especial hincapié en la responsabilidad directa de Trump en los pagos para silenciar a la actriz porno Stormy Daniels y la explayboy Karen McDougal con las que había mantenido relaciones, pese a que era consciente de la inmoralidad de tal decisión. «Me ordenó que hiciera los pagos», declaró Cohen a George Stephanopoulos enel programa Good Morning America, de la ABC News, tras ser condenado el miércoles por su papel en dichos pagos y por mentir al Congreso sobre un proyecto para construir una Torre Trump en Rusia.

«Yo sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Por eso acepté el miércoles la responsabilidad por mis actos», añadió. «Y desde luego que él [Trump] también lo sabía. Mi objetivo, al final, era ayudar a Trump y a su campaña. Lo hice por lealtad ciega hacia una persona que no merece ninguna», afirmó.

«Él sabe la verdad. Yo sé la verdad. Otros saben ahora la verdad», sentenció. Cuando le preguntaron si creía que Trump estaba diciendo la verdad sobre el Rusigate, respondió con un «no».

El Senado aprueba poner fin al apoyo militar de EE.UU. a Arabia Saudí en la guerra en Yemen

El Senado de Estados Unidos ha hecho lo que se ha negado a hacer Donald Trump: responsabilizar al príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman, del asesinato del periodista Jamal Khashoggi y tomar represalias. La primera poner fin al apoyo militar que brinda a Arabia Saudí en la guerra en Yemen.

Trump ha definido reino petrolero como un gran aliado en la región y se ha opuesto a que el asesinato de Khashoggi cambie las relaciones entre ambos países, por lo que la aprobación de esta medida se considera como un revés político para su gestión.

Las dos resoluciones son más simbólicas que prácticas, ya que aunque obtenga luz verde en enero de la Cámara de Representantes, probablemente será vetada por Trump. Pero, el voto unido de demócratas y republicanos envía un mensaje contundente a la Casa Blanca sobre la indignación que hay ante su apoyo sin fisuras a los saudíes. Un termómetro de cómo los legisladores conciben la relación con Riad después del asesinato de Khashoggi.

La resolución sobre el apoyo a Arabia Saudí en su guerra contra los rebeldes hutíes da un plazo de 30 días a la Casa Blanca para retirar las tropas de EE.UU. que haya en Yemen, salvo las que estén dedicadas a combatir a las facciones locales de Al Qaida. Pese haber sido aprobada en el Senado por 56 votos a favor y 41 en contra, la iniciativa no tendrá consecuencias inmediatas ya que la Cámara baja aprobó bloquear su voto hasta enero, cuando comenzará la nueva legislatura y los demócratas tendrán el control. Será entonces cuando ambas cámaras podrían dar luz verde a la medida y mandarla al despacho oval.

Contra Salman

La resolución, presentada por el senador republicano Bob Corker, que condena del asesinato de Khashoggi en el consulado saudí en Estambul y denuncia que el príncipe Salman es «responsable» se aprobó con un voto a viva voz y sin oposición. La resolución incluye un apartado en el que se «pide al Gobierno de Arabia Saudí que garantice una adecuada rendición de cuentas de todos los responsables del asesinato».

El senador demócrata Bernie Sanders calificó la votación como «un momento histórico». «Hoy le decimos al despótico Gobierno de Arabia Saudí y que no vamos a ser parte de sus aventuras militares», dijo.

Muere deshidratada una niña guatemalteca de 7 años en manos de las patrullas de EE.UU.

El desierto es duro. Si el padre de la niña pensó que lo único bueno de caer en manos de las patrullas fronterizas es que salvarían la vida, se equivocó. No les dieron comida ni agua. A los dos días de haber sido detenidos, como parte de un grupo de 163 personas, su hija de siete años estaba muerta. «Es una situación muy trágica», lamentó sin el menor atisbo de culpa el portavoz de la Casa Blanca Hogan Gidley. «¿Aceptamos nosotros responsabilidad alguna por un padre que lleva a su hijo al desierto después de una peligrosa travesía por México para llegar a nuestro país? No», atajó con frialdad.

En el Gobierno de Trump no queda humanidad ni para llorar a los muertos. El guatemalteco Nert Caal, de 29 años, no pudo velar a su hija. El cuerpo de Jakelin yace en una fría morgue de El Paso, donde el forense realiza la autopsia, mientras que su progenitor sigue detenido en la frontera entre Nuevo México y Arizona, donde las autoridades guatemaltecas tratan de asistirlo. En entrevista con la cadena Fox la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, a la que Trump amenaza con despedir si no muestra más mano dura, deseó que la muerte de esta niña «recuerde» a los inmigrantes «los peligros del camino», entre los que nadie contaba con morir en manos de las patrullas fronterizas.

A las ocho horas de ser detenida, la niña empezó a tener convulsiones. Los enfermeros que la atendieron comprobaron que tenía casi 41 grados de fiebre y, según el comunicado oficial, «se reporta que no había comido ni consumido agua en varios días». Ante la alarma del personal médico, se la trasladó en helicóptero a un hospital de El Paso, donde falleció en cuestión de horas.

Para escarnio

No es la primera víctima de la indiferencia migratoria, pero sí la primera que el Gobierno elige hacer pública, como si quisiera que su muerte sirva de escarnio. Esa era también la intención de la política de separación familiar, que no ha podido resolver ni por orden judicial. Casi 250 niños seguían el mes pasado bajo custodia, al no poder localizar a sus padres. La situación puede ser incluso peor para grupos de población vulnerable que no despiertan la ternura de los niños. Roxsana Hernández Rodríguez, una transexual de 33 años, portadora del sida, que huía de la violencia y la marginación que sufría en Honduras llegó a final de abril con otra caravana y falleció en mayo en custodia de las patrullas fronterizas de Nuevo México, víctima de deshidratación y palizas.

La Administración Trump sostiene que las sufrió antes de cruzar la frontera. La autopsia indica que las «profundas» heridas internas en ambos lados del costado que provocaron hemorragias son indicativas de golpes y patadas propinados con intención de no dejar señales, amén de las hemorragias en las muñecas, «típicas de haber llevado esposas muy apretadas». La familia ha demandado al Gobierno, que lejos de avergonzarse ve en estas muertes una nueva forma de desalentar a los migrantes.

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