La oposición acusa a Theresa May de desacato al Parlamento

Por negarle el informe legal sobre el acuerdo del «brexit»


londres / colpisa

El abogado general del Gobierno británico, sir Geoffrey Cox, ha ofrecido al Parlamento la explicación más clara y el argumento más convincente para votar en favor del acuerdo de salida de la UE el próximo martes, que hasta ahora parecía destinado al rechazo. La comparecencia en el Parlamento de este alto cargo gubernamental, con ocasional asiento en el gabinete, es rara y ha sido brillante.

Su voz se ha comparado con la de Mufasa, en la película El Rey León, y su elocuencia es el producto de muchos años de práctica en los tribunales resumiendo argumentos legales complejos para que sean digeridos por los miembros de un jurado. Ha desnudado los aspectos más criticados del acuerdo y la decisión de los diputados, que no será sobre su legalidad sino «esencialmente política».

Los partidos de la oposición han pedido que se publique íntegramente el texto de la opinión legal que el ministro ha entregado al Gobierno, pero este se niega porque la confidencialidad del asesoramiento legal es una convención constitucional. Ha publicado una parte, de cerca de 50 páginas y ha comparecido clamando: «Pregúntenme, les contestaré con franqueza». En vano. La oposición no ceja en su empeño y acusa al Gobierno de desacato al Parlamento por no entregarle el informe completo.

La publicación del asesoramiento legal del entonces attorney general, Peter Goldsmith, fue un episodio grave para la credibilidad de Tony Blair ante la invasión de Irak, al revelarse que había ofrecido dos opiniones diferentes sobre su legalidad. Este caso es diferente. El Parlamento ya aprobó la marcha de la UE iniciando el Artículo 50, pero la oposición alienta la idea de que se les oculta algo.

Cox ha entrado en el corazón del bosque con sus primeros pasos. Sí, dijo a los diputados, no hay nada en el acuerdo que permitiría a Reino Unido poner fin unilateral a las provisiones especiales para evitar la frontera irlandesa, cuando termine el período transitorio y mientras no fructifique la negociación sobre la futura relación. Incluso si esa búsqueda se quiebra, el mecanismo excepcional persiste. Ciertas leyes europeas, admitió, continuarán vigentes «en algunos aspectos» después de que el Reino Unido abandone la UE el 29 de marzo, si bien tendrán un aplicación limitada, tranquilizó.

Trampas

Es la trampa europea, la traición de May según los brexiters. Cox la ha explicado con claridad y del mismo modo que él cree que prolongar esa situación eternamente no conviene ni a Reino Unido ni a la Unión Europea. Al unionista Nigel Dodds le ha recordado que otros comunitarios no querrán ver a las empresas competidoras en Irlanda del Norte con la ventaja de comerciar libremente con la UE y Reino Unido tras el brexit, como prescribe ese mecanismo excepcional.

El abogado general es el principal asesor legal del Estado y supervisa varios entes públicos, la Fiscalía de la Corona entre ellos. Los gobiernos nombran diputados con experiencia en leyes para el cargo, y Cox, parlamentario desde hace 13 años, lo combina con el ejercicio privado de la abogacía, que le da mucho más dinero. Las jornadas de estos abogados, privados o públicos, suelen ser muy largas.

El público no estaba familiarizado con él hasta su papel telonero de Theresa May en la última conferencia conservadora. Su voz, su oratoria reposada y poética (citó al heterodoxo medieval John Milton) y su convicción sobre los beneficios del brexit lo elevaron a un breve estrellato. Su meticuloso despedazamiento de la decisión de los diputados quizás frene ahora la incesante repetición de argumentos con la pretensión de desvelar algún cepo oculto en el acuerdo.

La extraña campaña de May, más dirigida al público que a los diputados que van a votar, está aterrizando. Ministros que votaron por la marcha, como Michael Gove, Andrea Leadsom y Liam Fox, son desplegados entre las filas tories para convencer a los indecisos. «Esta es la manera ordenada de cumplir el objetivo», les ha dicho Cox, «no es una cuestión de legalidad sino de prudencia».

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