La muerte del concejal opositor Albán desata los demonios en el chavismo
INTERNACIONAL
La familia del fallecido exige una investigación internacional de la ONU o la OEA
20 sep 2022 . Actualizado a las 20:09 h.La muerte del concejal Fernando Albán, quien, según la versión oficial, se suicidó en los calabozos de la Sebin, la policía política de Venezuela, el 8 de octubre, ha dado un nuevo giro cuando su familia ha acusado al fiscal general Tarek Saab de mentir sobre los hechos y ha solicitado una investigación internacional de la ONU o la Organización de Estados Americanos (OEA) para conocer la verdad del caso.
Saab dijo apenas dos días después de los hechos que Albán se había suicidado y que más de 2.000 vídeos lo probaban. Posteriormente modificó sus declaraciones señalando que en la sede del Sebin «no había cámaras de vídeo» en el lugar del décimo piso desde donde habría saltado Albán. Además, afirmó que se había enviado a la familia el vídeo de la autopsia, que estaría por eso «auditada». Pero tanto la familia del concejal como su abogado, Joel García, han negado esta versión al cumplirse un mes de su muerte.
Su viuda, Meudy Osío, señaló que «no se conoce con certeza quién realizó la autopsia ni sus credenciales profesionales (…) Si supuestamente existe una investigación sobre la muerte, ¿por qué no se ha notificado a ningún familiar? ¿Por qué el mismo Saab, en vez de verificar una investigación transparente, amenaza a quienes señalan que se cometió un homicidio?».
«Tenemos derecho a saber lo que le ocurrió a Fernando Albán y en Venezuela no contamos con un sistema que pueda garantizar que se haga justicia, por ello exigimos se practique una investigación independiente», señala el comunicado firmado por Osío.
La Asamblea Nacional (el legítimo Parlamento del país, con mayoría de la oposición) se solidarizó con la exigencia de una investigación internacional sobre el caso, y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidió llevarlo a la Corte Penal Internacional. Al menos otras dos solicitudes de investigación contra el Gobierno de Nicolás Maduro se cursan en la OEA, ambas por violaciones sistemáticas de los derechos humanos.
El director desaparecido
Contra la tesis del suicidio también conspira la destitución de Gustavo González López, director del Sebin, acusado de ser responsable de decenas de violaciones de derechos humanos, y de su pareja sentimental, la vicefiscal general Katharine Harington. Ambos fueron destituidos, sin publicidad, a finales octubre, y se encuentran en paradero desconocido. Harington fue acusada por el preso político Lorent Saleh, liberado pocos días después del asesinato de Albán, de «dirigir las torturas» contra los detenidos en el Sebin. A González López, en tanto, se le acusa ahora de dirigir una mafia de extracción de oro en el sur del país, entre otros delitos. Ambos están sancionados por EE.UU. y la Unión Europea por violaciones de los derechos humanos.
El analista militar Javier Mayorca indicó que «de la noche a la mañana, la yunta Harington-González López se convirtió en una carga imposible de llevar para el régimen». «Ante este escenario [la muerte de Albán] el Gobierno optó por aplicar tácticas de reducción de daños, aunque ambos tienen poderosos aliados. El más poderoso es Diosdado Cabello, que mantiene una cada vez menos soterrada pugna con Maduro por el poder en el régimen chavista.